La experiencia enseña que algo poco ortodoxo hay detrás de toda venta de activos oficiales.

Y, en el caso de Cúcuta, en estos días se intentan ciertas acciones jurídicas tendientes a generar ingresos por nada menos que 300 mil millones de pesos con la venta de bienes fiscales municipales en torno de la cual ha habido tantas jugadas de avance como de retroceso.

Inicialmente, el Alcalde quiso disponer de las llamadas zonas de cesión tipo uno, es decir, aquellos terrenos que por ley los urbanistas deben dejar libres, con carácter de bienes de uso público, donde quiera que construyen.

Pero, el viernes, el Concejo dijo que no está de acuerdo con la venta de las zonas de cesión tipo uno, pero sí de bienes fiscales (edificios, terrenos, casas…), por la millonada antes citada, y la compra posterior de un lote por 4 mil millones de pesos cuya destinación no quedó clara en el debate.

La propiedad es de todos los ciudadanos. Pero, por falta de control estatal, muchas veces los particulares, casi siempre dueños de las viviendas cercanas, se apropian de esas zonas para su beneficio, y excluyen al resto de los ciudadanos.

El Municipio está facultado, previa autorización del Concejo, para disponer de esas zonas de uso público del modo que le parezca más conveniente, siempre y cuando las compense con otra u otras de similares características y las destine al uso de todos los ciudadanos.

Muy mal haría, por ejemplo, un gobierno local que venda zonas de cesión y pretenda que la compensación sea un terreno en el que se construya una ciudad de hierro u otro atractivo de recreación a donde haya que entrar pagando.

También sería erróneo destinar un terreno rural para compensar una zona de cesión urbana, o el canje por un terreno de destinación industrial, en razón a que allí se generaría empleo y ese sería el beneficio compensatorio.

La idea de vender las zonas de cesión solo está descartada hasta octubre, cuando de nuevo el Concejo recibirá un proyecto de acuerdo en el mismo sentido.

La razón para hacerlo de esta manera, según se ha conocido, es esperar que la administración sea mucho más clara con la compensación que propone para cada una de dichas zonas, y las presente con detalle dentro del proyecto que someterá al cabildo. Lo que no está del todo claro es qué pasará con los 296 mil millones que sobrarán de la compra del lote.

Cuál terreno es y a quién se le comprará y por qué esa propiedad y no otra deberá todo ser bien explicado, lo mismo que el destino de los 296 mil millones, tal vez la suma más grande de dinero en efectivo que haya tenido el Municipio.

No hacerlo, y dejar espacio a la duda y a la imaginación, será perjudicial, pues los ciudadanos tienen el derecho de saber, de primera mano, a qué serán destinados esos recursos, así como la administración tiene la obligación de rendir cuentas. Ojalá así sea, para evitar los rumores que circulan en la calle y que perjudican el ambiente de la ciudad.

El alcalde debería abrir un espacio para dejar sin el menor asomo de duda todo lo que rodea este proyecto de vender casi todo lo que tiene el Municipio, que no es mucho, pero sí lo único.

¿Legalizar predios invadidos para generar impuestos no es suficiente para subsanar posibles descuadres de cuentas?