No se pide nada regalado ni mucho menos, pero sí es indispensable que lo anunciado se vuelva realidad y que los apoyos económicos por la crisis se materialicen.

El informe estadístico de la Cámara de Comercio de Cúcuta ratificó el fuerte impacto negativo que la pandemia del coronavirus provocó sobre la economía local a lo largo de 2020 cuando estalló la crisis sanitaria.

Dramático el dato procedente del registro mercantil, en el sentido de que entre enero y diciembre del año pasado se cerraron 7.358 empresas, el cual también resultaría trascendente poder comparar con 2019 y otros años. Lo cierto es que la COVID-19 con sus consecuencias económicas y sociales nos ha impactado con fuerza y así se desprende de todos estos análisis técnicos.
 
Además, aspectos como el descenso  en las operaciones de comercio exterior desde y hacia Norte de Santander, con una caída del 19,6% en las exportaciones y la reducción del 29% en las importaciones, permiten hacerse una idea sobre la gravedad de lo acontecido.

Así como hemos visto que en el pandémico 2020 quedamos terceros en Colombia en desempleo y de nuevo fuimos primeros en informalidad laboral, hay hechos que dimensionan como al deteriorarse los sectores económicos, pues de paso la situación social se empeora con más pobreza y problemas como el hambre.

La clausura de empresas, la suspensión de actividades y la caída en actividades como la hotelería que venía mostrando buenos desempeños en la región durante 2019, cuando la ocupación era del 38% y descendió al 22,6% el año pasado.

En una región como el área metropolitana de Cúcuta en donde la microempresa y la pequeña y mediana industria son las que conforman el de por sí maltrecho tejido empresarial, son imperativas acciones como buscar la declaratoria de una emergencia económica o impulsar un plan de rescate con financiación especial, insistir en la compra de lo nuestro y consolidar el empuje de proyectos que siguen ahí en el papel.

No se pide nada regalado ni mucho menos, pero sí es indispensable que lo anunciado se vuelva realidad y que los apoyos económicos por la crisis se materialicen.

Ahí está por ejemplo lo expuesto en septiembre del año pasado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de que la  reactivación económica llega con una inversión en infraestructura, de $1,05 billones, a Norte de Santander, donde se generarán cerca de 12.000 empleos por cuenta de obras de los programas Colombia Rural, Concluir y concluir, Pacto Bicentenario y Vías para la legalidad. 

El Gobierno y el Congreso de la República deben de considerar que una futura reforma tributaria no debe de fundamentarse en más impuestos ni en elevar las tarifas ni extender, por ejemplo, como se ha venido hablando, el IVA a toda la canasta familiar, porque terminaría afectándose la de por sí  ya disminuida capacidad de compra  de los consumidores y afectando a la pequeña y mediana empresa.  

Esa no debe de ser la salida, porque por lo menos este año continuará sintiéndose el impacto del coronavirus puesto que hasta tanto no se avance adecuadamente en la vacuna y persista el riesgo de aceleración en la propagación, la reactivación económica seguirá caminando lentamente.

De todas maneras hay que destacar que sin duda las ayudas del Estado para el pago de la nómina, por ejemplo, han resultado fundamentales para prevenir que la situación fuera peor en materia de quiebras y desocupación, hecho que muestra a las claras que la economía necesitará de muchas medidas que motiven su impulso.