Cuando está en boga la reactivación de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales colombo-venezolanas, que en los últimos años han estado cruzadas por toda clase de conflictividad, hay un insumo que sirve para tenerlo presente, al menos a manera de análisis.

Transparencia por Venezuela en su portal web montó una investigación relacionada con las economías ilícitas al amparo de la corrupción, que contiene datos, cifras y aspectos muy interesantes sobre el desvío y la venta ilegal de gasolina, el narcotráfico, las prácticas ilícitas que se dan en el manejo de los puertos venezolanos y el contrabando de oro.

El dinero que anualmente les producen a las redes corruptas el combustible, el narcotráfico y los puertos se estima en por lo menos 7.644 millones de dólares al año, según los estimativos consignados en el reporte de la organización no gubernamental.

En la presentación que se hace sobre esta serie de hechos, se indica que ahí están incluida  una revisión a las probabilidades de extorsión que existen en las alcabalas venezolanas, que constituyen otra oportunidad para captar rentas de manera ilegal y provoca graves impactos en la población.

Son ocho capítulos dedicados a detallar toda clase de hechos turbios que muestran como las organizaciones ocultas se llenan los bolsillos al permitir y facilitarles a las organizaciones del crimen su accionar.

El segundo capítulo se dedica a una profunda explicación sobre las sombras ilegales que se ciernen sobre el oro en el  Arco Minero del Orinoco.

Para tener en cuenta lo que sucede, bueno es traer este referente que se incluye en la investigación de Transparencia Venezuela: de acuerdo con estimaciones, anualmente se exportan alrededor de 2.000 millones de dólares en oro, pero en promedio solo poco más de 500 millones de dólares ingresan a las cuentas nacionales, es decir,  más del 75% es comercializado de manera ilegal, con la anuencia y participación de funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad y defensa.

En otro aparte se habla de la criminalidad y ahí figura una banda que aquí en Norte de Santander ha venido a imponer el terror como el Tren de Aragua, al tiempo que incluyen también al Eln y las disidencias, confirmando que ambas tienen en territorio venezolano campamentos de refugio.

Pero, igualmente es tan refinado lo que se hace en materia de corrupción, Transparencia Venezuela detectó como los puertos venezolanos fueron convertidos en otro foco para llenarse de dinero.

 Uno de los métodos consiste en no declarar el valor de las mercancías dentro del contenedor, por lo que rara vez se abren para revisar sus contenidos,  puesto que en la aduana se establece un “tarifario” por pagar por cada uno de estos sistemas en que se trasladan las mercaderías.

 La tarifa promedio por los contenedores ronda los 10.000 dólares y estos montos son pagados a los funcionarios corruptos directamente en los puertos y en efectivo, sin pasar por alguna oficina del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Este documento que contiene dicha radiografía actualizada, puede ser utilizado precisamente para que en la nueva era de las relaciones entre los gobiernos de Bogotá y Caracas se adopten acciones también tendientes a combatir y extirpar estos males y a enfrentar sin cuartel a los corruptos, que finalmente son quienes con sus maniobras abren esos espacios a la delincuencia organizada, para obtener jugosos beneficios personales.

Y sobre lo que todo lo expuesto significa, los datos de Transparencia Venezuela revelan que tribunales de más de 22 países han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana, que involucran más de 64.000 millones de dólares.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion