El Catatumbo es otra vez noticia, por dos hechos que están ligados. La petición urgente de que se decrete un cese multilateral del fuego entre las fuerzas en conflicto en esta zona de Norte de Santander, y la persistencia del déficit de maestros para las escuelas y colegios.
Empezando por el último hecho, se advierte que al Estado no garantizarle el derecho a la educación a los alumnos, los expone a los peligros con los que se cruzan en barrios y veredas, los cuales van desde el crimen hasta el riesgo de ser reclutados de manera forzada.
Y es que este capítulo sin fin de la falta de profesores se ha vuelto una espada de Damocles a punto de caer sobre los más débiles de la cadena, como son los niños y jóvenes en El Carmen, Convención, Teorama y Tibú, que están padeciendo con mayor rigor el problema.
Debería el siguiente suceso motivar la preocupación del gobernador Silvano Serrano y de la Secretaría de Educación: los padres de familia de cerca de 2.000 estudiantes del Catatumbo dijeron que desde que empezó el calendario escolar el 31 de enero de este año, sus hijos no han regresado a las aulas debido a la falta de docentes.
Lo curioso, es que pese a que es un hecho de alta gravedad, hay una disparidad de criterios entre las autoridades departamentales de educación y el sindicato de docentes en Norte de Santander.
El desencuentro entre la Gobernación y Asinort se relaciona con el número real del faltante. ¿Cómo es eso? Ha pasado ya más de medio año desde que los familiares de los estudiantes afectados, la comunidad y el propio gobierno y los voceros del gremio educador han venido hablando del faltante de plazas para cubrir las necesidades de los establecimientos escolares que funcionan en el territorio catatumbero.
¿Por qué esa disparidad? El tiempo transcurrido podría considerarse como suficiente para haberse podido poner de acuerdo, mediante la evaluación previa y el cruce de información para llevar una sola posición ante el Gobierno Nacional.
La disparidad se refleja en que mientras la administración departamental indica que hacen falta 64 profesores, Asinort indica que el déficit real de educadores en esas localidades supera los 80.
Mientras ni llegan los profesores y hay estos números encontrados, la advertencia es que la deserción se ha ampliado, lo cual es muy complicado en un territorio cruzado por todas las formas de violencia habidas y por haber en Colombia.
Un alivio que podrían tener los padres de familia, es que ojalá muy pronto se diera lo expuesto en la reciente reunión de las tres comisiones del Congreso de la República que deliberaron en Tibú, para “agenda humanitaria” que incluya el cese al fuego multilateral, un desminado humanitario y garantías de movilización para la población.
Que por un lado se oigan advertencia de Asinort sobre que cientos de niños y jóvenes han desertado de las aulas y por otro que persista el conflicto, a lo que nos enfrentamos es a una crisis humanitaria porque aparte de violarse el derecho constitucional a la educación también se está exponiendo a la población en edad escolar a caer en garras de los grupos armados ilegales y del narcotráfico.
Aquí hay un desafío para el nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, porque los anhelos de la paz total pasan precisamente por ofrecerles las condiciones educativas requeridas a los niños para que superen una de las tantas formas de exclusión y desigualdad que han dejado una marca indeleble en estos territorios.
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