En tanto que en Colombia se acentúan señales preocupantes respecto a la posibilidad de un recrudecimiento de acciones criminales, en las cuales estarían comprometidas las mismas Fuerzas Armadas del Estado encargadas de garantizar la seguridad y la paz a todos los habitantes de la nación, en Norte Santander se han registrado preocupantes actos de violencia, los que han encendido las alarmas y exigen acciones categóricas de la autoridad en función de la seguridad.
A los ya recurrentes choques entre grupos armados ilegales en el Catatumbo, atizados por la disputa de las áreas con cultivos de coca, bajo el control del narcotráfico, se han sumado hechos sucesivos de violencia en diferentes lugares, incluida el Área Metropolitana de Cúcuta. A la muerte del excombatiente de las Farc por parte de un militar en servicio activo, han seguido otros acontecimientos de agresión en puntos fronterizos. Las llamadas trochas de entrada y salida entre Colombia y Venezuela se han convertido en escenarios tormentosos con la comisión de homicidios, contrabando, tráfico de drogas, secuestro, extorsión y otras situaciones que configuran violación de derechos. Se han generado condiciones de fragilidad para la vida. Los que transitan esos lugares están expuestos a sorpresas impredecibles.
En la jurisdicción de Cúcuta también actúan los delincuentes con capacidad ofensiva. Y no es solamente el robo de teléfonos móviles y el asalto a casas mediante procedimientos de intimidación contundentes. Se causan lesiones y se llega hasta el extremo de la muerte. Los medios registran diariamente esa serie de golpes que parecen tener vía libre, pues aunque se ven con frecuencia fuerzas de la autoridad, su presencia no parece tener la efectividad necesaria para facilitar que las personas puedan vivir con tranquilidad y bajo el amparo de una fuerza pública aplicada al cumplimiento del ordenamiento de la ley y las normas de la Constitución.
El deterioro de la seguridad en la zona fronteriza como resultado de la creciente migración de venezolanos desde su país hacia el nuestro, tenía que poner en alerta a los representantes del Gobierno de Colombia. Pero, al parecer no ha sido así. Como si todo se hubiera reducido a consideraciones adjetivas en vez de tomar en cuenta la realidad de efectos negativos. Porque para nadie es un secreto que la diáspora de los vecinos genera unos desajustes con incidencias en el mismo comportamiento de quienes se ven expuestos a la incertidumbre por la falta de sustento para atender la diaria existencia.
Se requiere entonces que estos problemas de inseguridad, con violencia de tan variado impacto, se tomen en cuenta. Y desde el alto Gobierno tienen que trazarse no solamente directrices sino ayudas efectivas para poner en marcha operaciones encaminadas a garantizar la seguridad y la paz en la región. No es cuestión de protocolos inútiles, ni de reuniones imprecisas o inocuas. Hay que actuar de cara a la gravedad de los hechos para no seguir rodando en un rumbo incierto, cuyos efectos podrían ser irreparables o alargar el tiempo de las soluciones que deben promoverse con más certeza que apariencia.
