El Gobierno del presidente Iván Duque ha dispuesto por decreto aumentar en 3,5 por ciento el salario mínimo en Colombia que en este nuevo año será de 908.526 pesos mensuales. También fijó por decreto el subsidio de transporte, que quedó en 106.454 pesos por cada mes.

Los cerca de dos millones de colombianos que tienen como remuneración básica el salario mínimo, recibirán – por primera vez - sumados estos reajustes, más de un millón de pesos mensuales.

Como pasa siempre, no todo el mundo queda contento y satisfecho con el aumento del mínimo. Los trabajadores lo rechazan y critican, los empresarios lo aceptan y acatan y el Gobierno alega  que hizo lo mejor que pudo. En las reuniones de la Comisión de Concertación Laboral casi nunca se logran acuerdos o consensos en torno al tema. De ahí que el Gobierno decide su adopción mediante la expedición de los decretos respectivos.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Empresario (Andi), Bruce Mac Master, el reajuste dispuesto fue responsable desde el punto de la generación de empleo, y en su opinión permite imaginar escenarios en los que habrá nueva inversión y reactivación, que permita que los 1,5 millones de colombianos que perdieron sus empleos puedan recuperarlos lo antes posible”.

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que el aumento “de este año fue ponderado y generoso”, teniendo en cuenta las graves dificultades que estamos atravesando.

El 2020 fue un año difícil y complejo para todos los sectores como consecuencia de la pandemia. Hay que reconocerle al Gobierno sus esfuerzos para llegar a todos los rincones del país con auxilios, ayudas, subsidios y asistencia.

No obstante esos esfuerzos, hay regiones y problemas que hoy necesitan más que anunca la mano tendida del Estado. Como lo ha dicho el doctor Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, hay que reconocer las ayudas económicas para todos los sectores poblacionales. Se hicieron  adecuaciones, ajustes y mejoras en el sistema de salud; se creó el Ingreso Solidario, se entregaron subsidios a la nómina de muchas empresas y para el pago de primas; hubo ayuda para los trabajadores que perdieron sus empleos y se hicieron devoluciones del IVA.

Este programa de emergencia para enfrentar la pandemia y sus secuelas ha costado entre 40 y 50 billones de pesos. El ministro Cabrera destacó también la decisión del Gobierno de proteger el poder adquisitivo de los salarios, que significa importante alivio para los bolsillos de los trabajadores. A partir de este enero, algunos pagos recurrentes deberán ajustarse no con base en el incremento del mínimo (3,5%) sino que deberán ir atados a la Unidad de Valor Tributario (UVT). El reajuste de esos pagos sería del 1,5 por ciento para el 2021 y entre ellos se cuentan las infracciones de tránsito, sanciones, tarifas, tasas judiciales y estampillas, y los copagos en salud.

El ministro del Trabajo se comprometió igualmente a reanudar las tareas de la Misión de Empleo, lo que sería en los próximos días. Están asegurados los recursos para que investigadores y expertos entreguen sus documentos de recomendaciones. Los trabajadores y sus organizaciones gremiales serán llamados a participar y discutirán las inquietudes y propuestas de la Misión, que están encaminadas a definir qué tipo de reformas laborales son las que se pueden discutir y concertar para llevar al Congreso. Los trabajadores tendrán voz y voto en esta misión.