En Cúcuta se superó momentáneamente el asunto relacionado con el Cementerio Central que fue reabierto después de dos años de estar cerrado como consecuencia de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, este procedimiento no significa que en un santiamén se solucionen los problemas que como sonoras cadenas arrastra el camposanto municipal, lo cual requiere que no se deje en el olvido.
Como se recuerda, fue la presentación y admisión de una tutela por parte del personero municipal, Karol Yesid Blanco Monroy, la que se convirtió en la ‘llave’ que abrió de nuevo las puertas del lugar que ya cumplió 135 años de actividades en la ciudad.
El cementerio ha sido motivo de debate en los últimos tiempos, por las implicaciones que representa en especial para las familias de escasos recursos económicos que no pueden acceder a los servicios de otros lugares similares para inhumar a sus muertos.
Hay que destacar el interés de la entidad que ejerce las funciones de Ministerio Público, por emprender las acciones tendientes a la normalización de la prestación de este servicio por parte del municipio, con los debidos protocolos de bioseguridad.
Los testimonios dados a conocer por la prensa muestran lo urgente que era que esto sucediera. Una señora dijo que al entrar a visitar la tumba de su hijo se encontró con la sorpresa de que ya no está allí, mientras otra persona denunció que durante el cierre a ella le llegaron a exigir dinero para que pudiera ingresar.
Esas son situaciones que causan molestia en la ciudadanía que no alcanza a comprender el por qué se mantuvo durante tan largo tiempo la restricción para el acceso de los deudos para ir a ver a sus familiares que tienen allí sepultados.
Recordemos que la situación del cementerio también fue motivo de debate en el Concejo de Cúcuta y materia de preocupación entre algunos gremios y las funerarias por las presuntas irregularidades que se registraban allí.
En medio de este alivio, la administración municipal no puede bajar la guardia y tiene que avanzar en una serie de acciones dirigidas a definir la suerte final del Cementerio Central y a mejorar sus condiciones estructurales.
Desde la Personería quedó en evidencia la advertencia de que no se puede ni olvidar ni aplazar la consolidación de un programa para enfrentar problemas tan delicados como la falta de espacios para más sepulturas y la carencia de una buena infraestructura.
Sobre este particular, en septiembre del año pasado el secretario de Gobierno, Cristian Buitrago, había planteado la constitución de una sociedad de economía mixta de carácter municipal para que se hiciera cargo de la administración y operación del camposanto, que entraría a convertirse en un organismo descentralizado.
Sin embargo de este planteamiento no se volvió a conocer nada, aunque en este momento vuelve a saltar a la palestra luego de que se levantara la restricción al acceso al público.
Es importante que a la comunidad se le explique el alcance de ese procedimiento planteado, es decir, si implicará que el camposanto municipal funcionará en un lote situado en otro punto de la ciudad o si se va a proceder a algún plan encaminado a algún tipo de reorganización para ampliar espacios que incluya la contratación de nuevas bóvedas.
En este tipo de casos que atañen directamente con la comunidad, lo adecuado es el avance rápido en la búsqueda y aplicación de la soluciones para evitar traumas en un asunto tan sensible como el de la última morada de nuestros muertos.
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