A los cementerios públicos es donde finalmente van los cadáveres NN o no identificados y depositados en fosas comunes. El camposanto cucuteño no ha escapado a esa lógica, en especial por el conflicto armado que en Norte de Santander ha registrado diversas manifestaciones.
Las acciones guerrilleras (Farc y Eln), después las operaciones paramilitares (Bloque Catatumbo y Frente Fronteras) y la posterior ‘guerra’ entre esas organizaciones armadas aparte de los casos extrajudiciales atribuidos a agentes del Estado, provocaron como se sabe masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzosas.
¿Y cuál es el sitio a dónde acude una familia, un investigador o un magistrado de un tribunal como la JEP a indagar por quienes se esfumaron y su rastro fue borrado en medio de este ambiente bélico?; pues al Cementerio Central, para el caso de Cúcuta.
Y era lógico que en una ciudad cuyos barrios y corregimientos han estado azotados por la violencia, la JEP trazara unos lineamientos específicos para el camposanto, que lamentablemente la Alcaldía incumplió.
Dicho tribunal está en todo su derecho de marcarles el paso a muchas administraciones municipales y departamentales para el caso de protección de los derechos a las víctimas, con el fin de evitar revictimizaciones ante la pérdida de cualquier posibilidad de rescatar los cuerpos o restos de sus seres queridos que muy probablemente se encuentren en las fosas donde están los difuntos cuyo nombre o identidad no se ha podido confirmar hasta el momento.
Luego, como vemos, no es una cuestión de poca monta, es nada menos que la defensa del derecho a la dignidad de las personas hasta de un reposo digno después de la muerte.
Fue así como desde finales del año pasado la JEP determinó proteger los cuerpos de las personas no identificadas que están sepultadas en ese lugar y de las personas identificadas no reclamadas, cuyos cadáveres se encuentran en ese lugar del barrio El Contento.
Porque podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada u otros delitos en el marco del conflicto armado, y por eso la JEP ‘congeló’ en el Cementerio Central de Cúcuta la exhumación, reubicación y manipulación de estos restos humanos.
Ya que se oyen tantos comentarios y opiniones sobre el futuro del camposanto que data de 1890, hay que afirmar que ya no será tan fácil cerrarlo y abrir otro, y dejarlo abandonado, porque significaría la violación de derechos a los afectados por la violencia que perdieron seres queridos, cuyo paradero se desconoce, y que bien podrían estar ahí.
O sea que no se podrán saltar tan fácil esta talanquera, como sí ocurrió con la orden dada por la JEP al alcalde Jairo Yáñez y al administrador José Leal de hacer las adecuaciones locativas con el fin de tener un lugar para la conservación y custodia de esos restos mortuorios.
Ir en contravía de lo determinado por la justicia transicional puede interpretarse, por ejemplo, como el desconocimiento a un hecho evidente y documentado de conflicto armado en el área metropolitana de Cúcuta o desacatar a un tribunal surgido de una decisión de Estado como fue el Acuerdo de Paz con las antiguas Farc o, tal vez, minimizar todo frente a los motivos que condujeron a la muerte de los NN sepultados en el cementerio.
El presupuesto de Cúcuta no sufrirá un revés con la asignación de los dineros para las obras exigidas y en cambio sí se abre la posibilidad de hacer justicia y reparación con esas posibles víctimas del conflicto que una vez logren ser identificadas y esclarecidas sus muertes, puedan ser llevadas a descansar en paz por sus dolientes. Eso vale más que cualquier millón invertido.
