Parece razonable la posición de los habitantes del Catatumbo, sintetizada en la voz del alcalde de El Tarra, José de Dios Toro: si en algún caso se toma la decisión de erradicar forzosamente los cocales de la zona, que se haga, pero sin usar glifosato y sin omitir las peticiones de las comunidades que tienen voluntad de sustituirlos.
En últimas, el objetivo es el mismo: limpiar de coca la región, y si eso se logra con el menor impacto posible para el hombre y su entorno, no hay duda de que el cuestionadísimo herbicida y defoliante químico sale sobrando.
El glifosato —nombre que el fabricante Monsanto le puso al RoundUp— está sometido desde hace varios años al escrutinio constante de muchas universidades, algunas de las cuales han advertido de los daños que este químico causa en todos los cultivos cercanos a donde se usa y, en especial, a la salud de las personas que, por cualquier razón, tienen contacto con él, aunque no sea de una manera directa.
Estudios realizados sobre la toxicidad del glifosato en la Universidad de Caen y el Centro Nacional de Investigación de Roscoff (Francia), en la Universidad de Pittsburg (EU), en la Universidad de Rosario y en la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), varios estudios alertan sobre la aparición de altas tasas de cáncer y de malformaciones en recién nacidos en zonas fumigadas con ese producto.
En 2007, el gobierno colombiano se hizo eco de denuncias como esta, y tomó la decisión de reducir el presupuesto para la fumigación con glifosato y aumentar el de la erradicación manual.
Una publicación colombiana de la época dijo: “La guerra contra la coca es uno de los instrumentos fundamentales del Plan Colombia, que busca reducir la oferta de drogas en Estados Unidos. Pero el pasado viernes todo cambió. ‘El presidente Álvaro Uribe, que apoyaba las fumigaciones, dijo que dentro de aquella estrategia, debe darse menos presupuesto para las aspersiones y más para la erradicación manual. Además de la negociación comercial, adelantamos con los Estados Unidos las conversaciones sobre lo que sería la nueva etapa del Plan Colombia contra las drogas ilícitas. Creemos que debe darse menos presupuesto a las fumigaciones, que sean apenas un recurso marginal, y mucho más soporte a la erradicación manual’, dijo Uribe en la instalación de las sesiones del Congreso”.
Esta posición se contradice con eventuales decisiones del gobierno de ahora, al parecer partidario de volver al glifosato como prioridad para erradicar cocales, ante el exagerado crecimiento de estos en los últimos años, pues en la época en que se usó, los resultados en disminuir la producción fueron efectivos. Y mientras haya contradicciones, los ánimos de los cocaleros seguirán crispándose y la violencia comenzará a mostrar sus dientes con mayor frecuencia.
¿Habrá necesidad de que la violencia estalle y escale en los cocales, cuando ya los cultivadores se han allanado a la posibilidad de erradicar forzosamente sus cultivos, mientras no sea con glifosato fumigado?
Sin embargo, los experimentos que se han realizado para fumigar con glifosato desde drones, que permiten una aspersión mucho más directa sobre los cultivos, eliminan en alto porcentaje algunos de los riesgos que se invocan contra el herbicida.
Total, lo que se busca es acabar con los cocales, no hacer más daño del que ya está hecho, ¿o nos equivocamos?
