La democracia hace posible que los ciudadanos puedan ejercer control sobre sus gobernantes, bien en forma directa mediante mecanismos de participación o a través de las corporaciones de elección popular en las cuales depositan su representación. Acciones de este orden deben responder al rigor de la certeza cuando se cuestionan los actos de los servidores públicos o se les reconocen resultados positivos o aciertos.

El control sobre los gobernantes, de todas maneras, no puede depender de caprichos articulados a intereses personales o de grupos excluyentes que tienen como finalidad el aprovechamiento ilícito de los recursos oficiales. Eso vicia los procesos promovidos para buscar sanciones a la medida de pretensiones abusivas.

Se hacen estas reflexiones con motivo de la propuesta de revocatoria contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, animada por opositores, a quienes les asiste ese derecho dentro de los parámetros de la legalidad. Sin embargo, su discurso de descalificación a la gestión del funcionario está cargado de resentimiento, de repentismo y de desinformación. Se basa en una narrativa de rencor y deja la sensación de que el objetivo propuesto es recuperar la Administración para volver a un manejo que no le ha dejado a Cúcuta un saldo de beneficio en lo social ni en su desarrollo estructural.

Por los desatinos acumulados de administraciones que no le cumplieron a los cucuteños en la solución de los problemas más sentidos, Cúcuta registra atrasos en varios frentes. Y esto imponía un cambio de manejo en forma prioritaria.  Es una ruta en la cual se debe insistir y a la que la actual administración debe buscarle el mayor fortalecimiento mediante acciones efectivas.

Es posible que la pandemia haya reducido las posibilidades de ese cambio indispensable, pero hay indicadores de que se ha tomado en cuenta la necesidad de fortalecer el trabajo tendiente a lograr resultados que modifiquen los factores negativos. Obviamente esto no se logra en un solo período.

Le corresponde al alcalde Yáñez hacer su propio balance de la gestión cumplida. El resultado debe señalarle los ajustes que se requieren para que Cúcuta alcance metas que la lleven a una dimensión de ciudad en busca de excelencia.

En lo que no puede caer la ciudad es un regreso a los manejos que han debilitado su crecimiento y por consiguiente las soluciones que exigen tantos problemas agudizados por la permisividad que se tuvo con la corrupción y con abusos manifiestos de autoridad.

Hay que admitir que este  proceso no es conveniente para la ciudad y provoca desconcierto e incertidumbre.

La revocatoria no parece ser el camino idóneo para el manejo de Cúcuta. Genera nubarrones inconvenientes y le da cabida a un clima de cizañas y de versiones sin sustento. Es una operación que hace daño y puede llevar a desvíos que finalmente se vuelven irreversibles.

Los ciudadanos de Cúcuta están llamados a pensar su ciudad en los mejores términos y no dejarla a merced de la rebatiña de la politiquería codiciosa, la que busca que el ilícito se imponga sobre la legalidad.

Hay que hacer un gran frente de ciudadanos bien informados y con voluntad de cambio para evitar caer en las trampas del engaño y de la corrupción.