A cuatro años de la firma de los acuerdos de paz del gobierno Santos con las Farc, en noviembre de 2016, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a denunciar la creciente e imparable violencia que enfrentan los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil en varias zonas del país, donde vienen operando disidencias de la disuelta guerrilla, reductos del Eln y bandas criminales armadas de narcotraficantes y paramilitares.
La Misión de Verificación de la ONU acaba de entregar su informe de supervisión y monitoreo del proceso en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre de 2020, y sus conclusiones son nuevamente preocupantes y pesimistas. Esta entidad ha documentado 248 asesinatos de excombatientes, 73 de ellos ocurridos en 2020.
A pesar de las recurrentes declaraciones del Gobierno en el sentido de que las masacres, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, los ataques y la persecución de los defensores de Derechos Humanos y de los excombatientes desmovilizados son promovidas y cometidas por el narcotráfico, las condiciones de seguridad de estos hombres y mujeres “se han deteriorado considerablemente en los últimos meses”.
La ONU manifiesta en forma enfática su preocupación por que este baño de sangre no se detiene, a pesar de los anuncios y promesas oficiales. Según el informe, la violencia se ensaña particularmente con los exguerrilleros que llevan a cabo su proceso de reincorporación en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), previstos inicialmente en el acuerdo y fuertemente custodiados por la fuerza pública.
Alrededor del 35% de los asesinatos registrados en 2020 ocurrieron dentro o en inmediaciones de las nuevas áreas de reincorporación, donde “no hay despliegues de seguridad específicos”, precisa el organismo.
Según la ONU, “la limitada presencia del Estado, las economías ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales” en zonas que dejó vacante la guerrilla son los principales factores que generan la “violencia continua” en las zonas de reincorporación de los excombatientes.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado 34 condenas en el marco de investigaciones sobre 289 ataques contra excombatientes que dejaron las armas. Estos resultados se consideran modestos en sectores políticos y académicos del país.
La Misión de la ONU entregó como recomendaciones para blindar en forma efectiva la implementación del acuerdo de paz, las garantías en forma efectiva la seguridad de los excombatientes, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. También, medidas que garanticen la sostenibilidad de la reincorporación de los exguerrilleros; y más presencia estatal en regiones apartadas.
En 2020 el país padeció una de las peores olas de violencia desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, con 90 masacres consignadas por el observatorio Independiente Indepaz.
Urgen acciones contundentes de todas las autoridades nacionales y territoriales para que en el 2021 no se sigan repitiendo las masacres y agresiones de los últimos años. Y es necesario también acoger el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres: “Los avances en el proceso deben ir acompañados de implementación más vigorosa de otras partes del acuerdo, como las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios”.
