No se trata de estigmatizar a un pueblo como Tibú, al que desde hace muchos años se incluye entre los más violentos y peligrosos del país. La imagen que existe en Colombia sobre ese maltratado pueblo nortesantandereano no se compadece, para nada, con todo el beneficio que el país ha recibido de Tibú y su zona de influencia durante más de un siglo. Allí nació, más para mal que para bien de las comunidades, la industria petrolera…

Hoy, con 52, nuestro Tibú figura en el listado de los pueblos con mayor cantidad de homicidios durante 2017. Está lejos de Tumaco, que registra 137 casos y lidera el escalafón, pero es el cuarto. El año pasado fue quinto, con 32 homicidios.

Según las estadísticas, la mitad de todos los homicidios de este año en Colombia se ha cometido en solo 27 pueblos, entre ellos Tibú, junto a otros pueblos que se repiten año tras año, porque también, año tras año, sufren las consecuencias de una serie de fenómenos que corresponde al gobierno nacional, a nadie más, neutralizarlos.

Son fenómenos, se sabe de siempre, que generan una larga serie de manifestaciones ilegales, delictivas, en un ambiente de criminalidad que estimula una cultura de lo ilegal que avergüenza al resto del país.

Pero ni combatir el narcotráfico ni el contrabando ni el despojo de tierras es tarea fundamental de las autoridades municipales. Corresponde a otras instancias de autoridad, que no cumplen con sus funciones básicas. Y esas autoridades son las responsables de que ocurran fenómenos como el homicidio sistemático. Es a esas autoridades a las que se debe señalar.

Desde hace muchos años, algunas zonas del Catatumbo son tratadas como tierra de nadie, como zona de paso hacia cualquier dirección, por delincuentes de todo tipo. Pocas regiones colombianas pueden mostrar en su pasado una conjunción de agentes como todo el norte de nuestro departamento.

Parece como si fuera una norma: a todo aquel que tiene algo de poder, le da, de vez en cuando, por hacer cuanto quiere en Tibú, como si fuera su casa, y no le rinde cuentas de nada a nadie. Así ocurrió hace algunos meses cuando, bajo el poder de las armas, todos los habitantes fueron secuestrados dentro de su pueblo por gente que se decía en paro.

Y, cuando todo terminó, los responsables ni siquiera pidieron perdón por tamaño atropello. Por el contrario, amenazan con otro paro similar…

Guerrilleros de las Farc, el Eln y el Epl, paramilitares en alianza con narcotraficantes y criminales organizados, militares y policías, contrabandistas, expoliadores y ladrones de tierras, asesinos, extorsionistas, funcionarios corruptos, secuestradores, aventureros… han hecho de estas tierras su casa y su zona de actividad criminal.

Es probable que funcionarios argumenten que el Estado sí ha hecho presencia, en la tropa militar allí desplegada, y en la Policía. Pero, ¿cómo negar que es la parte más represiva del Estado la que ha actuado y actúa en Tibú y el Catatumbo, y no la que más se necesita, es decir, la que lleva salud, educación, riqueza, apoyo técnico, desarrollo armónico?

Sabemos de las estadísticas sobre homicidios, pero, a cambio del resto del país, somos conscientes de que los males de Tibú no son suyos, se los han implantado, y luego, todos los responsables han permitido que lo estigmaticen y lo denigren.