Para más mal que bien, el eje de la política nortesantandereana pasa por la celda carcelaria donde el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo paga 27 años de prisión por el asesinato del excontralor de Norte de Santander Alfredo Enrique Flórez Ramírez.

Esta es una de las peores aberraciones del partidismo regional, así todo el mundo se haga el desentendido cuando el tema surge, pese a que está asociado con las peores prácticas políticas y administrativas del sector público. Matar para callar a alguien que está dispuesto a denunciar la corrupción no es un tema de baja talla, y menos cuando la comprometida es la principal autoridad municipal...

Ahora que Suárez ha sido admitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), que lo juzgará por este homicidio y el del veedor Pedro Durán franco, y que lo escuchará en todo lo que el exalcalde dice saber sobre otros crímenes (Carlos Duarte y Ramiro Agudelo y su esposa), la Jep busca añadirle otros dos, en relación con los cuales ha sido mencionado el nombre de Suárez: los de Tirso Vélez y José Agustín Uribe Guatibonza, asesor jurídico de la Gobernación.

Sin duda, si el exalcalde se atiene a las reglas de la Jep, de no callar un ápice, el proceso está listo para convertirse en un verdadero terremoto político y social en el departamento, pues todo está enmarcado en los episodios más negros de toda la historia nortesantandereana: la ofensiva paramilitar de hace 20 años en contra del establecimiento político, económico, social y gubernamental de la región.

Los episodios de entonces, caracterizados por la feroz injerencia del crimen y la parapolítica en todas las actividades consideradas normales, cambiaron de forma radical las costumbres políticas y de gestión gubernamental, hasta el punto de que el nivel de denuncia de la corrupción, por ejemplo, literalmente se redujo a cero y la impunidad y las complicidades burocráticas se hicieron ley, hasta ahora.

Desde cuando se conoció la aceptación de Suárez por la Jep, los rumores se adueñaron de los corrillos políticos, en los que se coincide en nombres de personas que comenzarían a surgir en la medida en que el exalcalde hable. De no hacerlo, la Jep lo devolverá a la cárcel de inmediato, lo que hace presumir que el terremoto de la delación conmoverá hasta las bases a la ciudadanía…

Por lo pronto, ya se materializaron algunos deseosos de hacerse parte en el proceso, como la Fundación Progresar, regida por el defensor de derechos humanos Wilfredo Cañizares, quien dijo que hace un año se prepara para este momento.

Además de reconocer y satisfacer a las víctimas de los crímenes cometidos en desarrollo de la guerra, este tipo de procesos pretende ser ejemplarizante, a fin de lograr que situaciones abominables como el abuso del poder, que permite a alcaldes, como en el caso de Suárez, aliarse con criminales para aniquilar cualquier asomo de oposición a las prácticas delictivas que hoy se acostumbran, sin rubor, desde los altos niveles hasta los más bajos del poder político.

Para Cúcuta y Norte de Santander, un proceso como el que se iniciará contra Suárez, podría permitir limpiar un poco algunas dependencias públicas, verdaderas cloacas de corrupción y de crimen contra los intereses del Estado. Ojalá así sea...