Acostumbrados a hacer lo que les parece, los líderes de las Farc insisten en guardar silencio en torno de la entrega de los niños que esa organización tiene en sus filas como excombatientes. Siguen creyendo que la sociedad colombiana, a la que buscan reintegrarse, es ingenua y desmemoriada.
Pues no. Toda Colombia está a la espera de que las Farc devuelvan a todos los niños que, por la razón que sea, están entre los guerrilleros. Esperar no quiere decir olvidar, como quizás lo creen los comandantes. Se equivocan rotundamente.
Pero también se equivoca el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuando, ante las presiones de diversos sectores para que los niños sean devueltos de inmediato, plantea que no se frenará la implementación del acuerdo de paz en materia de Justicia, como incluso está dispuesto a hacerlo el Congreso.
En este y en otros casos las presiones, todas las presiones, son legítimas y no pretenden otra cosa que obligar a que las partes cumplan lo acordado en Cuba, en especial porque se trata de niños, los seres humanos que siempre deben estar lo más lejos posible de las armas y de la guerra.
Y se equivoca el propio presidente Santos, cuando reclama de las Farc que de manera inmediata libere a los menores de 15 años que permanecen con ellas. El mandatario pasa por alto la realidad de que son menores —incluso se les califica como niños— todas las personas que no han cumplido 18 años.
Al parecer, el problema es con unos 70 niños, cifra realmente pequeña si se compara con los 6.126 que han sido atendidos por el Estado y que procedían de los grupos armados ilegales, pero una cantidad enorme si se mira desde la óptica de la infamia de tener siquiera un menor de edad como combatiente.
La cifra de 70 la entregó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Hasta ahora, las Farc solo han devuelto 13, que están sometidos a programas sicológicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aunque algunos están ya con sus familias. Las Farc dicen que solo tienen 23.
Las Farc parecen no darse cuenta de que su falta de voluntad, al menos en el caso de los niños, puede llevar al traste con lo acordado en La Habana, y que su actitud puede determinar la manera como el Congreso le dé forma a las iniciativas que materializan el acuerdo de paz.
Una de las razones tiene que ver con la posibilidad de que los responsables de que los niños no sean entregados al Estado estén cometiendo delitos continuados, y en tales circunstancias la Fiscalía se vería precisada a aplicarles las leyes penales, lo cual complicaría en extremo el futuro de todo el proceso Estado-Farc.
Pero, más allá de este asunto, las Farc tienen que hacer conciencia en torno de su llegada a una sociedad que no las quiere, y menos si sus jefes se comportan de manera abiertamente ilícita, solo porque están acostumbrados a hacerlo.
Si firmaron un acuerdo de paz y decidieron reacomodarse en la sociedad, se espera que cumplan todas las normas sociales y legales, incluso las que les puedan parecer menos trascendentes. Es elemental.
