La llegada del nuevo año siempre está ligado con las tradicionales alzas, que para 2023 no se sabe hasta que altura llegarán, teniendo en cuenta por ejemplo que se le metió el acelerador al aumento de la gasolina que saltó de $200 a $400, como acaba de ocurrir en Norte de Santander.
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Existen temores fundados de los consumidores colombianos porque la cascada inflacionaria tenga mayor aceleración, como se ha venido notando en los alimentos, en los que los analistas están hablando que la ‘inflación’ en ese elemento de la canasta familiar puede estar tocando el 29 por ciento en 2022.
Todavía el dato oficial del costo de vida en los doce meses del año pasado no ha sido revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Pero lo que sí sabemos y así se percibe cuando se va al supermercado o a la tienda, es que los productos alimenticios han subido en el 23,7 por ciento entre enero y noviembre del año pasado, teniendo como base lo expuesto el organismo estatal.
Lo que se nota, percibe y presiente es que el reciente aumento del salario mínimo y los ajustes de los sueldos que reciban otros trabajadores, quedarán superados por la ola alcista incontenible que se ha venido acentuando en el país, producto, igualmente, de factores internacionales.
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Entre los impactos provenientes de otras latitudes se encuentran la guerra de Ucrania y los problemas económicos globales con la inflación mundial igualmente por las nubes que acarrea inconvenientes igualmente desestabilizadores en las economías, lo cual llevó a los bancos centrales a subir las tasas de interés para intentar contenerla.
En medio de esa tormenta que pareciera perfecta y que en últimas se refleja en la disminución real de la capacidad de compra de las familias, que en especial aquellas de escasos recursos deben ‘apretarse el cinturón’ y hasta recortar gastos en comida para cumplir otros compromisos.
Habrá que esperar en el transcurso del primer trimestre de este 2023, por citar un tiempo prudencial, qué efectos traerá una reciente determinación del Gobierno Nacional de desligar del salario mínimo las alzas de diversos servicios.
Un total de 85 bienes y servicios de los 240 que se esperan desindexar, ya han sufrido esa transformación, para que de ahora en adelante sus precios y costos no se midan por el reajuste del mínimo sino que se ataron a la inflación.
Teniendo en cuenta lo expuesto por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a partir de este año las multas, sanciones, estampillas y el SOAT en sus escalas tarifarias quedaron sujetas al índice inflacionario para el incremento de sus valores y no al salario mínimo que implicaría un aumento del 16 por ciento.
Para ponerlo en boca del titular de Hacienda, esto sucederá de ahora en adelante: “Lo que estamos es procediendo a ajustarlos con la inflación, o sea, para poderlos regular con el 12% en vez del 16% del salario mínimo, entre otras cosas, para que el costo de vida aumente menos”.
Si es así, podríamos decir que tendríamos un alivio, pero el ciudadano de a pie esperaría más en cuanto a lo referente a la canasta familiar en los componentes esenciales de alimentación, transporte, educación y servicios públicos, pilares que afectan en gran medida el presupuesto familiar y que es donde se esperan las mayores decisiones para frenar la escalada alcista.
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