Con el nacimiento de la nueva Constitución de Colombia en 1991 se puso mayor énfasis en la participación ciudadana en el manejo de la administración pública. Ya no fue solamente el acto de votar en las elecciones para la provisión de algunos cargos en las ramas ejecutiva y legislativa. A la descentralización, a pesar de sus limitaciones, se le agregó la posibilidad de la vocería de la comunidad en ciertas decisiones de gobierno. Con ello, sin duda, la democracia entraba en una mayor dinámica. Sin embargo, esa apertura no garantizó la efectividad de las iniciativas de expresión popular.
La participación diseñada no tenía el soporte de una adecuada preparación de quienes representaban el querer de la población.
La misma acción comunal, considerada como una expresión activa de los diferentes sectores no tuvo capacidad para influir en los planes de la administración. Sus propuestas se han cumplido, en algunos casos, en forma muy parcial. De otra parte, no pocos dirigentes se han marginado de la causa colectiva para hacerle el juego a los intereses politiqueros, con lo cual han contribuido a la distorsión de proyectos que pudieron activar soluciones esperadas. La falta de preparación y de conciencia en el manejo de los asuntos comunitarios llevó al traste un movimiento que debió jalonar propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de vida en los estratos donde las necesidades llegan a tener niveles de emergencia.
Ha faltado una ayuda fundamental a quienes tienen el manejo de los asuntos públicos. Esa ayuda es la formación, con información y conocimiento de los líderes reconocidos como voceros de la comunidad. Esa función se debe ejercer con idoneidad y coherencia a fin de que rinda los frutos esperados. No es la improvisación ni el repentismo lo que sustenta la función participativa. Hay que contar con aquello que garantice el cumplimiento de los objetivos trazados, con rigor para alcanzar resultados sostenibles. Es también la utilización responsable de los recursos que se destinan para atender la satisfacción de necesidades acumuladas en el tiempo por la falta de oportuna atención. Son urgencias que imponen prioridad y obligan a proceder con diligencia. El papel veedor de los líderes tiene que ser puntual al respecto para no generar nuevos agobios.
Enhorabuena el gobernador de Norte Santander Silvano Serrano ha puesto en marcha un proyecto llamado a fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo de la administración pública. Es la Escuela de Gestión Pública para la preparación de ciudadanos con la función de contribuir al mejor cumplimiento de los proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Se va a superar un vacío en procura de que los derechos ciudadanos no se quedan como un saludo a la bandera sino que se materialicen en la realidad como debe ser en una democracia funcional.
El gobernador ha explicado con claridad el alcance de la Escuela de Gestión Pública. Dice: “Es la continuación de un proceso que permitirá entregar capacidades a nuestros alcaldes, concejales, personeros, los equipos de gobierno, los diputados, en fin no solo los que prestan servicio público, sino también todas sus comunidades, especialmente para empoderarlos en términos de participación ciudadana y ejercicio del control social”.
