Colombia se situó a la vanguardia en el concierto internacional con la adopción del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos por parte del Gobierno Nacional.
Ese extraordinario e histórico procedimiento implicará también grandes retos económicos y sociales para garantizarle a ese nuevo núcleo poblacional, que bien podría ser igual a (dos veces Cúcuta), la prestación de todos los servicios y garantías como ciudadanos.
Será un esfuerzo enorme que lógicamente deberá contemplar que los recursos financieros fluyan y la infraestructura se adecue a esta nueva política migratoria incluyente que acaba de nacer en Colombia, precisamente en el año en que se celebra el Bicentenario de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta.
Audaz fue uno de los calificativos, en el cual se encaja perfectamente si se le compara con lo que en esa materia hace Estados Unidos, pues aquí se acogerán a cerca de dos millones de migrantes con todos sus beneficios, en una acción masiva nunca antes vista.
Y si el contraste es con los vecinos latinoamericanos, de lejos el Estado colombiano les tomó una ventaja de años luz a todos en esta parte del continente con este proceso de regularización que se calcula cubrirá a varios millones de personas que han escapado de su país en este inusual éxodo. Recordemos que Perú militarizó fronteras y Chile expulsa a los migrantes irregulares, cada cierto tiempo.
Los elogios a esta determinación no cesan, destacándose lo expuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi: Yo creo verdaderamente que estamos en presencia de un gesto que es histórico y emblemático para la región, inclusive para el mundo entero.
En medio de la euforia y los aplausos, resultó importante la aclaración gubernamental de que las personas que obtengan el Permiso de Protección Temporal no podrán votar en las elecciones presidenciales del año entrante, porque en el país -en ningún caso- a los extranjeros residentes se les permite elegir presidente o congresistas.
Con esos asuntos despejados y las consideraciones de que a los migrantes hay que verlos como una oportunidad para que ellos le aporten al crecimiento económico del país, hay que poner en marcha las acciones para darle operatividad a la aplicación del estatuto de protección.
Un aspecto en el que el Gobierno Nacional debe de ser absolutamente claro, es en el pago de las deudas por la atención a los venezolanos al sistema hospitalario en muchas ciudades, como por ejemplo Cúcuta, en donde al Erasmo Meoz le deben cerca de $80.000 millones.
Es que los territorios, como ahora nos llaman, donde se vive y vibra a plenitud ese éxodo, como sucede en la capital de Norte de Santander, como en Villa del Rosario, Los Patios y Pamplona, todos en magnitudes e impactos diferentes.
Luego es en las regiones donde hay que hacerse las intervenciones adecuadas para que se cumpla la filosofía que encierra el estatuto de protección temporal por diez años, tiempo en el cual los migrantes podrán tramitar una visa de residentes si deciden quedarse en el país. De esa manera se podrá volver realidad que en términos humanitarios los venezolanos tengan igualdad de derechos en el país, como lo expuso Duque sobre las bondades del estatuto, aspecto en el que concordó el jefe de Acnur, al indicar que los venezolanos desplazados se beneficiarán de una mayor protección, seguridad y estabilidad, mientras están fuera de su país.
La confianza en esto, es que es que empiece a mejorarse la situación en la frontera para el manejo de los migrantes, que van a tener un registro biométrico, que ayudará a saber mejor aspectos relacionados con la caracterización e identificación plena de quienes llegaron desde el otro lado del Táchira.
