Toda institución en algún instante requiere un remesón desde sus cimientos para recuperarse y volver a andar sin complicaciones y eso parece ser lo que ahora se necesita con urgencia  en la Policía Nacional de Colombia para evitar los abusos de autoridad y los excesos en los procedimientos, muchos de los cuales han terminado muy mal, como por ejemplo en el caso del abogado Javier Ordóñez, que murió presuntamente a manos de los agentes, en Bogotá.

Sin embargo, en estas últimas horas se han empezado a conocer algunos acontecimientos de los cuales hasta ayer no se tenía información y que le pueden dar un vuelco a los hechos reales acontecidos en este caso.

De todas formas, profesionalizar a todos sus miembros debería ser una de las premisas en esa evidente e inaplazable reestructuración que necesita la Policía para cerrar capítulos como el que ahora ha suscitado fuertes protestas y manifestaciones violentas en varias ciudades del país.

Al pasado gobierno, una comisión de alto nivel le hizo una serie de recomendaciones que tiene algunos elementos claves para tratar de contener hechos como los que hoy afectan negativamente su imagen ante la ciudadanía. 

Una se relaciona con lo que dijimos arriba y es elevar las exigencias para quienes deseen entrar a hacer parte de las fuerzas policiales colombianas y que el organismo encargado de hacer las investigaciones disciplinarias a sus miembros, no sea dependiente de la Dirección General, sino que para garantizar la independencia y decisiones sin contemplaciones, que la Inspección de la Policía esté a cargo de un oficial en retiro, por ejemplo.

Amigos y detractores de esa entidad deben de entender que el momento es el indicado para que se abra el debate y empiecen las acciones en concreto para aplicar las reformas que sean necesarias, puesto que es indispensable restablecer la empatía entre el policía y el ciudadano, la cual hoy está deteriorada.

El gobierno del presidente Iván Duque, que acaba de destituir a los dos agentes involucrados en la muerte del abogado Ordóñez, puede pasar a la historia como un reformador de la Policía, modernizándola, haciéndola de nuevo la entidad querida por el pueblo, para que sea vista como la amiga y no como una organización alejada del ciudadano, puesto que precisamente ese binomio de confianza es requerido para luchar contra la inseguridad.

Es igualmente fundamental –como lo esperan los colombianos- que la justicia actúe con rigor y las garantías debidas en el esclarecimiento de los hechos en este y otros casos en los que personal adscrito a la Policía han resultado involucrados en excesos y abusos, que no deben de ser tolerados y sí castigados ajustados a los códigos.

Y mientras el país lamenta la muerte de diez personas en las protestas del miércoles pasado, donde se advirtieron acciones vandálicas y violentas contra varios CAI y vehículos de transporte público, es también el momento de llamar a la cordura entre los sectores políticos de derecha y de izquierda que han atizado la situación desde sus diversas posiciones radicales.

Esa no es la forma de ayudar a la consolidación de la paz ni al respeto de los derechos humanos, puesto que conduce es a caldear de tal manera la polarización que está viviendo el país, que al final puede estar incidiendo en que la calle se convierta en un escenario de grave confrontación de los colombianos.

Reestructurar la Policía, sí, hagámosla. Condenemos los excesos policiales, sí condenémoslos. Repudiemos el vandalismo, sí repudiémoslo. Rechacemos el aprovechamiento político de la situación, sí rechacémoslo. Colombia lo que clama es un gran acuerdo para vivir en medio de las diferencias, pero en el que se dé solución a los factores económicos y sociales que han sido disparadores del grave deterioro de las condiciones de vida de millones de personas.

Y ojo, incendiar un CAI no soluciona nada, como tampoco lo es solución que la policía arremeta con fuerza desbordada contra un ciudadano.