Explosivo enemigo

Miércoles, 14 de Abril de 2021
La relación de personas que han caído en esas trampas explosivas entre 1990 y el 28 de febrero pasado llega a 929 en Norte de Santander, de las cuales 193 murieron y 736 resultaron amputadas y con heridas de diversa índole.

Está fresco el recuerdo de cuando el Centro de Rehabilitación Neuromuscular de Norte de Santander tenía un taller de prótesis y órtesis para la atención y rehabilitación integral de víctimas de las minas antipersonas, que contaba con el apoyo de la Cruz Roja Internacional.

Aquella remembranza se esfuma tristemente hoy al ver como de nuevo aquel enemigo explosivo ataca en el departamento, especialmente en el Catatumbo.

Desafortunadamente,  se frustraron las esperanzas que se tenían que el Acuerdo de Paz con las Farc condujera a la eliminación del uso de este tipo de material prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, como lo confirman las estadísticas. Entre enero y febrero de este año las víctimas de este flagelo ya son siete, la mayoría de ellos campesinos.

Ahí está la perversión de este tipo de arma no convencional e ilegal que no hace ningún tipo de distinción entre los civiles y los miembros de las organizaciones armadas ilegales que al minar los terrenos, bien sea para persuadir a sus enemigos o crear peligrosas fronteras territoriales, terminan siendo un riesgo para todos.

Hay un dato que debe llamar a la reflexión y que debiera de servir de mecanismo para presionar la búsqueda de un mínimo entendimiento en el que se proteja a los niños, mujeres y hombres que labran el campo o que estudian en escuelas rurales y que desarrollan sus actividades en el campo.

Se trata de la relación de personas que han caído en esas trampas explosivas entre 1990 y el 28 de febrero pasado que  llega a 929 en el departamento, de las cuales 193 murieron y 736 resultaron amputadas y con heridas de diversa índole.

El otro componente que muestra los riesgos que varios municipios catatumberos implica, es que de ese número 642 corresponden a miembros de la Fuerza Pública y 287 son civiles.

Teorama junto con Tibú, El Tarra, Hacarí y Convención llevan el estigma de acumular el mayor número de afectados por las minas antipersonas, que asciende a los 656, mostrándolos como los territorios más riesgosos en ese explosivo problema.

Aquí surge la duda de qué ha sucedido con el famoso desminado humanitario. En qué quedó este programa. Por qué es tan lenta su acción en esta parte del país pese a que en Norte de Santander tenemos uno de los peores historiales en casos, muertos y heridos en Colombia.

Respuestas precisas deberemos  de esperarlas para otra ocasión, porque aquí es mínimo y débil el avance frente a la ferocidad de los elementos explosivos que se ‘siembran’ como trampas que inexorablemente atraparán a sus víctimas, tarde o temprano.

La misma Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un reporte señala que solamente en Toledo, Pamplona, Salazar, Arboledas, Santiago y Durania se ha avanzado en desminado humanitario, no apareciendo por ninguna parte la fuertemente minada región del Catatumbo dentro de ese plan, lo cual llama poderosamente la atención y deja abiertos muchos más interrogantes: ¿Olvido? ¿No está dentro de las prelaciones? ¿Cuál es la razón para que el desminado humanitario no se haga allá?

Lo que se ha sabido es que al Ejército dentro de su esquema ordinario operacional le ha correspondido adelantar esa riesgosa labor, registrando hasta el momento que 17  soldados han resultado heridos.

Es urgente que la Gobernación con los alcaldes del Catatumbo con el apoyo del consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio José Archila Peñalosa, busquen que el desminado humanitario llegue al Catatumbo como una forma de darles fortaleza a la protección de la vida y la integridad de las personas en los municipios PDET.

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