Negar o afirmar que se han recibido denuncias sobre el cobro de ‘vacunas’ o peajes ilegales para poder pasar sin riesgo por los puentes internacionales, es una salida en falso que debe ser reconsiderada por los estamentos gubernamentales de Cúcuta y Villa del Rosario.
En primer lugar hay que señalar que sería de extrema gravedad que la peligrosa banda criminal del Tren de Aragua pudiera instaurar su imperio delincuencial para extorsionar a los venezolanos y colombianos que pasan a diario la frontera por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.
En la denuncia expuesta por La Opinión hay un lugar en específico donde un presunto integrante de esa organización -conocida por sus atrocidades de torturar y descuartizar a sus víctimas- estaría exigiendo el pago para pasar sin ‘peligro’ alguno.
Ese sitio está ubicado a la altura de las vallas metálicas de Migración Colombia en la ruta hacia el puente, en el sector de La Parada, en Villa del Rosario, lugar donde llegan y salen diariamente centenares de personas, en su mayoría venezolanos.
Debe resultar traumático que a usted, que va con sus hijos y lleva maletas con mercados y mercancías compradas en Cúcuta, se le acerque alguien y le diga esto: “señora, nosotros somos miembros del Tren de Aragua y venimos a pedir una colaboración, porque somos los encargados de la seguridad aquí, para que a usted no se le vaya a perder ninguna maleta. Usted paga y nosotros le vamos a dar una clave, y esa clave se la van a pedir varias personas de aquí hasta que usted llegue a Venezuela”.
Lo anterior, que no debe ser echado en saco roto por las autoridades, significaría que la extorsión que antes operaba en las trochas fronterizas ahora fue activada por la delincuencia en los pasos fronterizos legales, donde están las autoridades.
La Policía, por ejemplo, debería de enviar a unos cuantos agentes encubiertos a tratar de dar con estos ‘cobradores de peajes’, que según lo expuesto, son de altísima peligrosidad por la banda de la que hacen parte.
Hay que investigar, ofrecer recompensas, desplegar incluso a agentes del GOES y del Gaula en esas áreas cercanas a los pasos que van hacia el vecino país para cortar, sofocar y prevenir este tipo de hechos generadores de inseguridad.
Darle la espalda a estos casos a que son sometidos quienes transitan por la frontera, puede resultar contraproducente y en la consolidación de otro desafío a los organismos de seguridad, como se deduce en lo relatado por quienes están siendo obligados a pagar $10.000 por persona, para evitar con ello que los roben o les pase algo.
Para resguardar la vida y honra de las personas y combatir a organizaciones criminales como la mencionada que han procurado apoderarse de territorios en la frontera, es fundamental que haya patrullajes permanentes e incluso de fuerzas combinadas del Ejército y Policía.
La presencia y control por parte de las fuerzas del orden es una de las maneras de arrebatarles las zonas en que se han asentado dichos delincuentes para llenar sus alforjas no solamente con los dineros mal habidos provenientes de la ‘economía subterránea’ sino cobrándoles ‘vacunas’ a quienes transitan diariamente entre Colombia y Venezuela.
Recordemos que lamentablemente nuestra frontera ha sido muy ‘caliente’ hasta con balaceras entre guerrilla y bandas criminales que han llegado a ocurrir en plena Autopista Internacional. Luego ‘cuando río suena piedras lleva’.
