El cruel asesinato del personero de Puerto Rico (Caquetá), Freddy Chavarro, debe llevar a un replanteamiento de todo el sistema estatal de protección de personas amenazadas y de otras que ocupan posiciones de riesgo en la sociedad, como los líderes sociales, por ejemplo.
La muerte de Chavarro fue cruel: sus asesinos lo acribillaron mientras celebraba la Navidad en su casa y con su familia, en episodios sobre los cuales hoy hay más dudas que certezas en relación con si había o no denunciado amenazas de muerte.
La directora de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Ivonne González, sostuvo que no se tenían denuncias recientes del personero sobre amenazas de muerte en su contra.
“Hasta ahora, en la información que hemos recepcionado, no tenemos información de radicación de denuncias recientes por parte del personero de este municipio”, dijo González a la prensa. “Es una información confirmada por entidades de Gobierno que se encargan de la recepción de denuncias”.
Sin embargo, la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) afirmó que Chavarro sí había denunciado las amenazas, pero que la Unidad Nacional de Protección calificó su riesgo como ordinario, por lo que no lo cobijó con su sistema de seguridad.
El hecho claro es que a Chavarro lo mataron y, como en muchos casos parecidos, en especial de personas de zonas alejadas, nadie asume responsabilidad alguna por no haberlo protegido.
Y nadie las asumirá. La burocracia colombiana carece del valor civil suficiente para asumir la responsabilidad por sus errores y descuidos.
En relación con la protección que se brinda a las personas en riesgo, desde hace varios meses ha habido muchas quejas en el sentido de que ni están amenazados todos los que están protegidos, ni están protegidos todos los que están amenazados. Y pruebas de esto son, por un lado, Chavarro y otras personas, en especial líderes populares, que han caído de manera miserable ante el empuje de asesinos sin control ni freno, y por otro, numerosos personajes protegidos con múltiples medidas, cuyo riesgo es mínimo, por no decir nulo, pero disfrutan incluso hasta el abuso, de escoltas y vehículos blindados.
Que la Unidad Nacional de Protección no lo sepa o que si lo sabe actúe como si no lo supiera es diferente.
Si estamos en un país en el que la guerra quedó atrás, ¿qué sentido tiene seguir amparando con medidas extremas a personas que ya nada tienen que temer, obligando, quizás, a que, por falta de recursos, se desampare a quienes sí viven en riesgo permanente de caer asesinados? ¿O es que para el Estado la guerra no ha terminado?
Recientemente, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que en muchos casos de asesinatos de líderes y defensores populares, la causa tenía que ver con asuntos pasionales. Se habló de líos de faldas, y la polémica aún está encendida, a pesar de que el ministro demostró que tiene razón.
Sin embargo, no todos los amenazados de muerte lo están por asuntos personales, y Chavarro parece caber en esa categoría que a algunos burócratas les pesa reconocer, la de funcionarios públicos que por el solo hecho de desempeñar sus cargos son declarados objetivos de muerte.
Y con mayor razón en su departamento, donde durante muchos años todo funcionario fue objetivo militar de todos los grupos armados que han hecho de esa región su patio de prácticas guerreristas...
