El público agarrón – en vivo y en directo – entre el director y el inspector de la Policía Nacional, los generales Óscar Atehortúa y William Salamanca, que son además los dos oficiales superiores más antiguos, rebosó la copa y dejó al descubierto la situación de podredumbre y crisis que podría arruinar la estabilidad y la existencia misma de una institución con más de 100 años de historia.
Este nuevo escándalo de corrupción que sacude a la Policía ocurre precisamente en momentos en que se cuestiona su actuación y el uso excesivo de fuerza en algunos casos, contra las marchas y protestas de trabajadores y estudiantes inconformes con las políticas económicas y sociales del gobierno.
Y no es la primera vez que se presenta una situación como la presente. Hace menos de un año, una comisión de expertos nombrada por el gobierno entregó su informe final, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes, para mejorar su funcionamiento y operación, pero todo indica que nada ha cambiado.
En efecto, son frecuentes los escándalos por vínculos o nexos de oficiales y agentes con los capos del narcotráfico, pérdidas de cuantiosos recursos de la ayuda internacional, cambiazos de drogas, desfalcos, desapariciones de personas, generales involucrados en chuzadas ilegales, allanamientos ilícitos, falsos positivos, ‘comunidades del anillo’, carruseles para pensiones y carteles de asensos y traslados; y son continuas igualmente las denuncias sobre casos de abusos sexuales y hasta redes de prostitución, a las que vinculan a altos oficiales.
Nadie en Colombia puede entender ni mucho menos aceptar que la institución destinada a combatir y luchar contra el crimen y todas las formas de delincuencia tenga en sus filas a malhechores y bandidos que deberían estar tras las rejas.
Lo que está pasando ahora en la Policía Nacional es grotesco: el director general y el inspector haciéndose mutuas recriminaciones porque el segundo ordenó investigar a oficiales cercanos al primero por presuntos graves hechos irregulares; el director manda a vacaciones de 402 días al inspector, quien supuestamente se había convertido en una rueda suelta y no le informaba sobre sus actuaciones. Se lo pasaba por la faja, como se dice popularmente.
Cuando este rifirrafe trasciende a los medios, el presidente de la República ordena suspender las vacaciones del inspector general de la Policía, se reintegre a sus labores para que continúe sus investigaciones y de traslado de las mismas a la Procuraduría.
Ha venido a saberse también ahora que en el fondo hay una puja y celos entre los dos oficiales más antiguos de la Policía por quién se queda con todo el poder y el mando en la institución. También se ha sabido del presunto manejo irregular de fondos de la Policía por cerca de 50.000 millones de pesos, y de amenazas de muerte contra un investigador.
En la Procuraduría General de la Nación hay por lo menos 12 investigaciones en curso por irregularidades en la Policía.
Todo esto es desconcertante: mientras la situación de violencia e inseguridad se agudiza en todo el país y los colombianos tienen, con mucho fundamento, la percepción de que ninguna autoridad los protege, los altos mandos de la Policía Nacional en un rifirrafe de celos y en una reprochable puja de intrigas y codazos para ver quién se queda con el poder y las canonjías.
La Procuraduría debe acelerar todas esas investigaciones y establecer las responsabilidades correspondientes. Los colombianos no pueden resignarse a perder la confianza en instituciones como la Policía Nacional.
