En Colombia, la política pública social para los habitantes de calle, 2022-2031, cuenta con el Decreto 1285 del 22 de julio del año pasado expedido durante la administración del entonces presidente Iván Duque.
Y si los tiempos legales se cumplieron, debe suponerse que en los meses restantes del mandato pasado y en los transcurridos del presente gobierno, se estableció o se encuentra en marcha la formulación del plan nacional de atención integral a las personas habitantes de la calle, que para casos como el de Cúcuta será fundamental.
Así se encuentre en plena construcción ese marco dentro del orden nacional, lo cierto es que podrán mejorarse las posibilidades de éxito en la adopción de ese tipo de medidas en territorios como el cucuteño que tienen una alta presencia de esa clase de población marginada.
Para sacar de la ‘invisibilidad’ este problema social y dejarlo de normalizar al ser convertido como parte del paisaje, dentro del programa está previsto definir metas, acciones, responsables, recursos e indicadores de gestión y resultado, de corto, mediano y largo plazo de cada una de las líneas estratégicas establecidas en la política pública para su implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación.
Si lo expuesto en el párrafo anterior se lograra llevar a la práctica, una situación muy distinta se registraría por ejemplo en la ciudad, donde la tendencia es a un crecimiento acelerado del número de personas en condición de calle, algunas en la indigencia, pero muchas llegadas allí por efecto directo de la adicción a las drogas, con un elemento adicional provocado por la situación fronteriza, como es el arribo de venezolanos en la misma condición, producto del éxodo de ese país.
Esperarían zonas como el área metropolitana de Cúcuta, que el Gobierno Nacional desde los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Vivienda, por ejemplo, den un apoyo financiero y técnico a la actualización de sus políticas para los habitantes de la calle y de reales medidas que conlleven a la prevención de la habitanza en calle.
A 2021, en la capital de Norte de Santander se calculaba que esta población era de 1.211 personas, siendo 83,6% hombres y 16,4% mujeres, con dos hechos adicionales, que ese censo del DANE indica que es la ciudad con más personas en esa condición en el país y que un alto índice es llegado del otro lado del río Táchira.
En ese campo, existe la percepción ciudadana que las acciones llevadas a cabo desde la administración municipal no han logrado el efecto esperado porque la sensación es que cada día ese grupo crece, porque se les ve en sitios céntricos y de alto flujo de personas, drogándose a la vista de todos a muchos de ellos.
Como los ministerios de Defensa y de Justicia, igualmente, se encuentran dentro del grupo interinstitucional e intersectorial de esta política social, se espera que haya acciones más contundentes contra el microtráfico que evidentemente es un causante directo de este drama urbano.
La Alcaldía tendría aquí la posibilidad de recurrir a recursos para que en forma definitiva quede establecido en la ciudad el sistema público de recuperación médico, sicológico, social, educativo y en lo posible económico, de quienes sean sacados de la calle y llevados a este programa de recuperación de los drogadictos que deambulan por esta zona fronteriza, restablecerles sus derechos y lograr su inclusión social.
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