Casi que durmiendo uno encima del otro, con las celdas a reventar y en condiciones críticas de habitabilidad, es la calamitosa situación de la cárcel de Cúcuta donde se encuentran 4.211 presos, de los cuales 2.600 son condenados y 1.611 sindicados.

Al revisar que la capacidad del penal cucuteño es de 2.407 reclusos, salta de inmediato el fantasma del hacinamiento que para este caso llega al 57,65 % y el de las estaciones de Policía al 206 %.

En medio de este contexto, es razonable y de carácter urgente la propuesta del alcalde Jairo Yáñez de construir una cárcel municipal para tener en sus celdas y patios a aquellas personas que son capturadas y luego sometidas a las etapas iniciales de judicialización e inicio de los procesos ante los jueces y tribunales.

Pedirles apoyo a los ministerios del Interior y de Justicia para que le proporcionen recursos económicos, que hoy el municipio no tiene, para levantar un centro de detención de sindicados, debe de estar dentro de la baraja de posibilidades, con el fin de que la idea no se enfríe o quede por ahí dando vueltas.

Para ello hay que coordinar la gestión con la bancada del departamento en el Congreso de  la República para que el proyecto comience desde ya a tocar las puertas del Gobierno Nacional, puesto que ese centro, no cabe duda, entrará  a jugar un papel importante dentro de las políticas que se adopten para enfrentar la criminalidad en la ciudad.

Será lógico que la operatividad y reforzamiento de los controles en las calles de la capital nortesantandereana derivará en capturas y en acciones coordinadas con la Fiscalía que conlleven la detención de personas con órdenes previas, como producto de las medidas que se adopten.

Si eso empezara a suceder ahora, de lógica que no habría los lugares adecuados para recluirlos, causando entonces inconvenientes y probables trabas, que desde ahora deben quedar despejadas.

A la espera de que el penal local se edifique, hay que hacer una laboriosa  tarea para que el Ministerio de Justicia incluya a Cúcuta en el programa Casa Libertad, para que aquellos a quienes les falte purgar el 10 % de la condena y hayan demostrado excelente conducta, obtengan la boleta de libertad, con lo cual se podrían tener espacios despejados para los nuevos detenidos.  

El Inpec, con el acompañamiento de la Procuraduría, la Personería y la Defensoría podría elaborar ese listado de quienes ya se encuentren en esa etapa y de los que estén cerca, cumpliendo el requisito exigido, con el fin de presentarlas y reclamarle a esa cartera la activación, teniendo en cuenta el drama que se vive.   La acción interinstitucional es urgente, puesto que ya hemos  visto hasta fugas de los presos que han debido permanecer en estaciones policiales, no aptas para ser centros de reclusión.

Pero aquí debe  hablarse también de que no debe esperarse hasta que el individuo llegue a la cárcel. No. Es urgente la acción que conlleve a  conjurar las causas de la inseguridad, como son el desempleo, la miseria, el abandono, la  indiferencia  y la desigualdad social, con una dosis adicional de acciones educativas tendientes a inculcar los valores éticos y de comportamiento en nuestra sociedad. No construyendo cárceles y cárceles se detendrá  el delito. La misión  también está en la prevención y en la aplicación del modelo que cierre las aristas a los factores que provocan buena parte de la inseguridad.