Medicina Legal, con su informe anual sobre homicidios, suicidios y accidentes de tránsito en Colombia, acaba de entregar un importante insumo estadístico para sacar conclusiones y hacer análisis con los cuales se podrán alimentar las estrategias que tanto se esperan para combatir la inseguridad.
El más reciente de esos datos corresponde al del número de venezolanos muertos con armas de fuego, que pusieron a Cúcuta y a Norte de Santander de primeros en esa sangrienta evaluación correspondiente a 2019.
Veamos las cifras: Cúcuta con 45 casos y Bogotá con 37 muertes a bala de ciudadanos oriundos de Venezuela. Tibú (22), Villa del Rosario (21), Barranquilla (15), Santa Marta (11) y Maicao (16).
El otro contraste se refiere con los volúmenes de inmigrantes que se han asentado en Colombia, que llegan a más de 1,6 millones, de los cuales más de 183.000 se encuentran en el departamento fronterizo, mientras en la capital del país llegan a 327.635.
Algo muy grave sucede, como se advierte al revisar algunos de los hechos violentos en que se vieron involucrados, como por ejemplo en Campo Dos, donde cuatro extranjeros fueron atacados a balazos, muriendo dos de ellos, o que aparecen baleados en trochas o sitios solitarios.
Debería observarse cuidadosamente esta situación por parte de las autoridades gubernamentales, policiales, judiciales y migratorias, porque no puede ser una simple casualidad que de 241 homicidios ocurridos en territorio cucuteño, 65 correspondieran a ciudadanos del vecino país, y que de 579 crímenes registrados en el departamento, 142 fueran de venezolanos.
¿En qué se está fallando? ¿Será que las puertas abiertas sin mayor control fronterizo ha degenerado en facilidades para la llegada masiva de personas con antecedentes delincuenciales? ¿O es que estamos ante lo que se temía, que muchos inmigrantes están en las filas de las bacrim, el narcotráfico y la delincuencia organizada?
A eso hay que ponerle freno, y rápido, porque Colombia y la región no aguantan más que la violencia y la inseguridad se disparen ahora por un factor nuevo como es el del éxodo desbordado desde la otrora boyante vecina nación petrolera.
En este mes, cuando se cumple un año desde el rompimiento de relaciones, debería tratarse este asunto con cabeza fría y sin apasionamientos, para admitir sin llegar a considerarse como una claudicación en la lucha para el restablecimiento de la democracia plena en Venezuela, que debe habilitarse una línea, un canal o una vía de comunicación entre los gobiernos de Bogotá y Caracas que permita, por lo menos, obtener fluida y mejor información judicial sobre quienes cruzan nuestra frontera. Eso se le tiene que permitir hacerlo a la Policía, a la Fiscalía, a la Sijin, al CTI y a Migración Colombia.
Es indudable que en crisis humanitarias como las que enfrentamos sean aprovechadas por la criminalidad para hacer de las suyas, pero un Estado tampoco puede llegar a permitir, por más benefactor que sea, a que se ponga en riesgo la seguridad interna o a deteriorarla más, como ocurre en nuestro caso.
Está bien la hospitalidad, a eso nadie se opone. Pero los controles migratorios y policiacos tienen que ser rigurosos, sin xenofobia ni estigmatización, lógicamente, porque de lo contrario lo que podría sobrevenir, como ya ha ocurrido en otros países latinoamericanos que han recibido a los venezolanos, es que la misma ciudadanía comience a rechazarlos. Es urgente, por tanto, dentro de la política de mano extendida, una inflexible rigurosidad al momento de constatar quienes son los que llegan a Colombia.
