Sucede que tres hospitales de Norte de Santander son noticia. Ninguno por algún avance científico o una cirugía que mueva a la comunidad médica ni mucho menos por haber alcanzado altos estándares de calidad y cobertura en la prestación de los servicios asistenciales. Por el contrario, todos compiten sobre cuál es la peor.

Toledo y Sardinata, técnicamente, están en este momento sin un lugar adecuado para atender a la comunidad, porque en el  primero derrumbaron la antigua edificación y apenas se ha avanzado en 17% la construcción del nuevo que ya debería haber estado lista, y en el segundo municipio aunque se encuentra en el 92% hay dificultades para terminar la obra.

Aquí hay mucho para analizar en estos casos, puesto que según lo expuesto en la publicación hecha por La Opinión, y titulada ‘Obras de nuevos hospitales de Toledo y Sardinata, con pronóstico reservado’ se evidencian fallas y complicaciones de diversa índole.

Por eso, más que otra investigación exhaustiva -que ya parece no se le niega a nadie-debería haber una fuerte reacción desde la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y la Fiscalía porque esto pone de manifiesto que algo muy grave, como cualquier enfermedad cuando se complica, está ocurriendo en el departamento.

Que dos obras esenciales para garantizarles el derecho a la salud a los toledanos  y sardinatenses se encuentren paralizadas, indica un diagnóstico preocupante y la comunidad tiene toda la razón de protestar para reclamar que ambos proyectos no se vayan a quedar congelados.

Que este par de construcciones que cualquiera pensaría cuentan con los recursos necesarios y la eficacia debida y la protección adecuada se encuentren atravesando por esta lamentable situación es un indicador que manifiesta que el servicio de la salud, por donde se le mire, está haciendo agua y que  el debate para mejorarlo, reformarlo o cambiarlo debe ser bien estudiado.

Ahí debería  aprovecharse para tratar las fórmulas jurídicas y fiscales que deberían ser creadas o reforzadas para que planes vitales como construir un centro asistencial, estén protegidos de alguna manera contra las prácticas que enredan la contratación, provocan sobrecostos, generan demoras innecesarias y posteriormente pueden llevar a convertirlas en obras inconclusas.

Esperaría uno que tal vez por razones de mucho trabajo los delegados de la Supersalud, el Ministerio Público y la justicia penal se tardarán en llegar un par de días a la región para abordar tan dramático asunto.

Pero no sería raro que como ha ocurrido siempre, nunca vengan. Todo se quede en titulares y noticias de prensa. Aunque eso suceda, la gestión social del periodismo en beneficio de la comunidad la seguiremos desarrollando, porque esta veeduría es necesaria para la población.

Frente a quienes tal vez digan que eso es apenas circunstancial y que aquí nunca había pasado nada  con centros hospitalarios, la cruda realidad les acaba de responder que Norte de Santander es una tierra fértil para la ocurrencia de hechos no santos en esa materia.

Coincidentemente con este triste episodio de las dos obras hospitalarias que están emproblemadas, surgió la información sobre una multa de  $250 millones que la Supersalud le impuso a  a Jairo Pinzón López, exgerente del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Como sucede con otra gran cantidad de situaciones relacionadas con el sector público, hay problemas que han dejado de ser coyunturales para convertirse en líos coyunturales que necesitan cambios urgentes, puesto que nadie entiende cómo dos hospitales, en lugar de ser una esperanza para sus pueblos se han vuelto una pesadilla.

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