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Ignorancia de la ley

Miércoles, 19 de Octubre de 2016
Por eso, al gobernador William Villamizar y a su antecesor, Édgar Díaz, la justicia los despojó de su investidura como concejales.

Son situaciones muy frecuentes en Colombia, esas de actuar como si el Estado fuera parte de una realidad de anomia en la que la única ley es la de quien administra el poder político que le otorgaron en las urnas.

O como si el hecho de que alguien haya sido beneficiado con la delegación del poder popular significara que puede estar por encima de las leyes…

Por esa razón, al menos en Norte de Santander, se ven casos como los de los exgobernadores que, convencidos de que las normas eran como ellos lo decían, hace algunos años cuando eran concejales de Cúcuta, violaron el ordenamiento jurídico y aprobaron unas normas que no eran de su resorte.

Por eso, al gobernador William Villamizar y a su antecesor, Édgar Díaz, la justicia los despojó de su investidura como concejales. Aprobaron, como factor salarial, algunos beneficios económicos a los empleados del Municipio.

En teoría, esa decisión no les generó ni a ellos ni a los demás concejales del período 2001-2003 que votaron a favor de la medida, ningún beneficio directo, como, por razones que no vienen al caso, se acostumbra a pensar cuando se toman decisiones que involucran el dinero del Estado.

Lo que se muestra de bulto, con el fallo del Tribunal Superior de Cúcuta y del Consejo de Estado, de despojar de la investidura a Villamizar y Díaz, y a otros concejales involucrados, es la ignorancia respecto de las normas básicas sobre el manejo de la cosa pública.

Esa ignorancia, desde luego, no se puede argumentar como justificación para violar las leyes, pero esto también parece ser desconocido por los funcionarios que, como en el caso de Díaz, buscan establecer ‘qué tanto estaban (los concejales) obligados a saber hasta dónde su actuación estaba prohibida constitucionalmente’.

Si a un particular no le es aceptado basar una actuación en la ignorancia de la ley, mucho menos a un funcionario, y todavía menos a uno que se encarga de elaborar, discutir y aprobar normas, como un concejal.

Para el caso, los concejales cucuteños no podían ignorar que la creación de factores salariales de los empleados públicos solo era competencia del Congreso de la República y del Gobierno Nacional.

Por esto, los magistrados señalaron en su sentencia que ante la carencia de competencia del Concejo, al haber participado los cabildantes en la aprobación de proyectos como el de las prestaciones para los empleados, ‘se traiciona, cambia o distorsionan los fines cometidos del Estado, preestablecidos en la Carta Política, la ley o el reglamento’.

Es esta una buena oportunidad para sugerir que toda persona que pretenda vincularse de manera activa a los menesteres de la política lo haga luego de haber tenido una formación adecuada sobre asuntos jurídicos y, en especial, sobre temas relacionados con el carácter sagrado de los recursos del Estado.

Quizás con el tiempo esta sugerencia se convierta en requisito obligatorio para todos los aspirantes a políticos. El ahorro nacional sería grande, pues no sería necesario poner en marcha los caros mecanismos de control y de justicia para estudiar cada gasto.