Mecanismo de enriquecimiento y mercancía para hacer negociados es en lo que, infortunadamente, quedó convertida la salud en Colombia, con muchos botones de prueba sobre la forma como los recursos públicos dirigidos a garantizar la atención médica, asistencial y preventiva, son dilapidados.

El viernes pasado, la ciudadanía cucuteña fue sorprendida con la visita de un grupo del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía a la ESE Imsalud que maneja la red pública de salud del municipio y cuyas instalaciones fueron allanadas.

En esta parte del país,  escasas veces, o ninguna mejor, hay actuaciones de esta índole contra entidades estatales. Sin embargo, esta diligencia judicial, por sí sola, tendría como primera interpretación que los organismos de justicia pusieron en primera línea la materialización de la lucha contra la corrupción, tan necesaria en estos tiempos de crisis.

Siendo positivos, pudiera pensarse que hay un giro positivo o un cambio de 180 grados dirigido a ir detrás de aquellos que llenan sus alforjas con recursos públicos, bien sea de los impuestos, o de dineros presupuestados para garantizar un derecho constitucional fundamental, pero tan dramáticamente vulnerado como es el de la salud.

Al recordar que el 17 de octubre del año pasado la Fiscalía allanó la Gobernación de Norte de Santander, este hecho también ayuda a alimentar la esperanza ciudadana de que la justicia actuará y llevará los posibles casos relacionados con  violaciones al estatuto de contratación y delitos contra la administración pública.

Es muy conocido el comentario generalizado en la ciudad y en la región de que mientras en otras zonas  se ha avanzado en procesos relacionados con hechos de corruptela, por acá de los escándalos, de los rumores, de las denuncias y demandas, no se pasa.

 Para la institucionalidad de organismos tan importantes y poderosos como Imsalud, es fundamental que se avance prontamente en las acciones judiciales iniciadas, puesto que así es la manera de que la realidad aflore, los responsables, si los hay, paguen por sus actuaciones indebidas e ilegales y se proceda entonces a blindarlo contra futuros hechos que pongan en riesgo hasta su propia estabilidad financiera para la atención a los usuarios en barrios y veredas.

Hasta ahora es muy poco lo que se  sabe de este operativo del CTI que duró unas ocho horas, pero que se relacionó con presuntas irregularidades en la contratación, punto sobre el cual versan las constantes denuncias ciudadanas.

El alcalde Jairo Yáñez dio una pista en su twitter al escribir que la intervención adelantada por la Fiscalía era “para evitar  presuntos hechos de corrupción que se venían presentando” en la Empresa Social del Estado Imsalud.

Ojalá, y esto lo afirmamos porque también está siendo objeto de comentario ciudadano, se revelen prontamente los resultados sobre el allanamiento porque los cucuteños, en medio de su incredulidad nacida de que por aquí nada pasaba, están ávidos por saber, y para ello es de gran importancia la información oportuna, que despeje las inquietudes.

No debe olvidarse que proteger los sagrados recursos de la salud, darles el destino adecuado, invertirlos en lo que realmente se necesita, recordar que la vida es el bien a cuidar y resguardar y que esta se pone en riesgo cuando la ética y la moral se pierden, es la misión de quienes llegan a dirigir instituciones con una tarea como la que cumple Imsalud.