Algo más que quejarnos, lo que los cucuteños y nortesantandereanos debemos hacer es pedirles a las autoridades locales y nacionales acciones realmente efectivas para intentar meter en cintura los precios de los productos de la canasta básica.
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La pasividad de las autoridades locales frente al deterioro del poder de compra de los hogares de Norte de Santander debe llegar a su fin, porque es indispensable que se haga algo –así sea vigilar de cerca los precios de venta de los alimentos- puesto que no se ven otras maneras de ayudar.
Para que las administraciones departamental y municipales adviertan que la situación es realmente preocupante, el DANE reportó que los precios de los alimentos subieron en el 27,08 por ciento en Colombia, en el último año, teniendo una gran incidencia en la inflación que anualizada a noviembre se trepó a 12,53 por ciento.
Y para comprobar que para la región la situación es muy complicada para las familias al momento de ir al mercado, Cúcuta aparece en el segundo lugar del comportamiento de la inflación anual de alimentos al marcar el 30,69 por ciento. La primera es Ibagué (30,87 por ciento) y nosotros estamos por encima de Tunja (30,38 por ciento), Riohacha (29,84 por ciento) y Cali (29,58 por ciento).
Con una escalada de esa magnitud es obvia la inquietud que a diario manifiestan los ciudadanos sobre la carestía y la imposibilidad cada vez más visible para poder adquirir los alimentos de la dieta diaria, sin tener una clara explicación para que Cúcuta esté en los primeros lugares, -salvo que se estén llevando para el vecino país los alimentos-, porque día tras día o semana tras semana, van subiendo sin cesar.
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Son diversos los motivos expuestos entre otros el aumento del dólar teniendo en cuenta que muchos de los productos alimenticios, los fertilizantes e insumos son importados, las dificultades generadas por la prolongada temporada de lluvias, la inestabilidad económica interna y externa, así como problemas de tenencia de tierras e integralidad en las políticas para reactivar la producción en el campo, entre otros.
“La más preocupante para todos”, es la expresión que sobre el encarecimiento desbordado de la canasta alimentaria ha manifestado la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Aquí hay un elemento adicional como el de la subida de precios de los agroinsumos hasta del 45 por ciento en los últimos doce meses.
Todo lo anterior debe ser motivo de la mayor preocupación de las entidades gubernamentales del orden local, porque ahí puede estarse acumulando un foco de futuros problemas de desnutrición o hambruna, incluso, porque al disminuir la posibilidad de gastos en alimentación para atender otros costos como los de servicios públicos, el inconveniente tenderá a ser peor.
Evaluando los hechos generadores, resulta concluyente que al menos tiene que haber un pronunciamiento conjunto frente al Gobierno Nacional sobre este caso que no solo atañe a los núcleos familiares, sino que se desborda para transformarse en una cuestión de orden social que requiere ser atendida de manera urgente.
Los habitantes de esta zona requieren no sentirse huérfanos de gobernabilidad en un asunto tan difícil como este que se relaciona con el sustento diario de las personas el cual está siendo puesto en riesgo por el impuesto más regresivo como lo es la inflación, que se consume desaforadamente los presupuestos familiares.
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