La idea de que la justicia cada día opera de una forma más ineficiente y parcializada viene creciendo con fuerza en el país, al punto de que no es novedad oir en cualquier rincón que lograr que la justicia opere con contundencia es un privilegio cada vez más excepcional.
Una reciente encuenta realizada por el Dane y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirma las sospechas en esta materia, con unos resultados realmente desalentadores, que se constituyen en un verdadero campanazo para las autoridades.
El 60% de los 3,4 millones de colombianos que en los últimos dos años acudieron a la justicia, no pudieron resolver su problema. Es decir, que en solo 4 de cada 10 casos la justicia actuó de manera eficaz.
Pero no solo en este punto la encuesta revela que la percepción cada vez se acerca más a la realidad. Otra de las revelaciones tiene que ver con la estratificación de la justicia, es decir, con el hecho de que hay grupos poblacionales que tienen menos posibilidad de acceder a esta, dependiendo de condiciones como el género, la étnia, el estrato social o el nivel socieconómico.
Si quien reclama es una mujer, con pocos recursos económicos y además habitante de una zona rural la posibilidad de que logre una respuesta positiva a su reclamo puede ser cinco veces menor al promedio nacional.
Un país con estos indicadores está lejos de proteger las libertades y defender los derechos de sus ciudadanos, lo que ha derivado en un fenómeno que ya se ha vuelto cotidiano: que los afectados terminen buscando la aplicación de justicia por otros medios, acudiendo a un actor ilegal o acudiendo a la violencia física o verbal.
De acuerdo a la encuesta, el 1,7% de los encuestados, es decir, unas 57.800 personas, aceptó haber acudido a este mecanismo.
Este asunto toma particular relevancia justo en este momento, en el país se encuentra en la implementación de un proceso de paz que implica la desmovilización y el retiro de actores armados ilegales, quienes ejercían el control de la justicia en sus zonas de influencia.
Parte del éxito del proceso, tiene que ver con la obligación que tiene el estado de garantizar a los ciudadanos de estas zonas el acceso a la justicia y lograr que los habitantes del campo y de las zonas más apartadas recuperen la confianza en las instituciones.
Tarea nada fácil teniendo en cuenta que el índice de procesos no resueltos es un 10% más alto en las zonas rurales que en los cascos urbanos.
¿Cómo lograr devolverle a la ciudadanía la confianza en el aparato judicial, cuando es uno de los que tiene mayor riesgo de corrupción, según la última medición de Transparencia por Colombia?
Quizás la solución tenga que ver con la inminente necesidad de proponer una reforma de fondo que permita hacerle una verdadera cirugía a la justicia.
Remediar las fallas en los protocolos de atención, la fragilidad de la Justicia regional, la desigualdad salarial, los altos índices de impunidad, la ineficiencia, la corrupción y la politización son algunos de los problemas que deben resolverse.
La pregunta clave es si existe la voluntad política para hacerlo. A juzgar por el hundimiento de las últimas reformas, la respuesta parece clara.
