Hay que hacer un frente común para repudiar, enfrentar y contener las intimidaciones y amenazas contra los medios de comunicación por parte de organizaciones criminales en Colombia, como acaba de suceder contra el periódico El Heraldo, en Barranquilla.
Esto ocurre cuando venimos de un 2022 en que sucedieron en el país 596 casos de violaciones a la libertad de prensa, con un total de 669 afectados, como en su momento lo dio a conocer la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
El ambiente para el ejercicio periodístico sigue enrarecido y así queda de manifiesto en los crudos datos que nos muestran dos asesinatos de periodistas el año pasado, 217 amenazas, 56 hechos de estigmatización y 84 de hostigamiento a la labor informativa, así como 26 afectados por agresiones durante su tarea periodística.
Lo más delicado, es que pareciera que lo ocurrido contra los colegas del medio informativo barranquillero es una muestra de que 2023 también pinta muy mal para este derecho de informar y de ser informado que hace parte de nuestra Constitución Política, al registrarse 43 violaciones a la libertad de prensa, 27 de ellas relacionadas con agresiones, amenazas, estigmatización y hostigamiento.
Se trata de una situación de implicaciones muy peligrosas, lo que significa para un medio como El Heraldo, al que a punta de pistola, unos criminales quieren ordenar en su propia redacción qué debe publicar y que, en el contexto, devuelve a épocas en que eso sucedía en regiones apartadas donde emisoras eran obligadas a difundir mensajes por organizaciones alzadas en armas.
Muy bien lo acaba de advertir el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, que “la divulgación por la fuerza de mensajes representa una violación a la libertad de prensa y a la seguridad de los periodistas y medios de comunicación”.
Se trata entonces de un escalamiento sin precedentes en el accionar contra los medios informativos, porque ese tipo de hechos fácilmente se pueden empezar a multiplicar si no hay una contundente acción del Estado para contrarrestarla y un férreo apoyo de la comunidad a los medios y a los periodistas, con el fin de protegerlos de esos hechos para atemorizar, presionar y atentar contra la libertad informativa.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro que ha definido trabajar por la Paz Total, en ese marco tiene el compromiso lógico de defender la libertad de expresión, que encaja perfectamente en su proyecto de conciliación entre los colombianos, porque la democracia y la sociedad libre se resquebrajan sin una prensa libre.
En el país es urgente escuchar con atención lo expuesto por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, cuando afirmó: “Venimos alertando en los últimos meses del incremento en varios países de la región de las amenazas contra periodistas, asunto que debe ser tratado con prioridad por las instancias correspondientes y los mecanismos de protección”.
En ese caso, la Fiscalía y los jueces de la República también se deben activar para levantarse contra quienes atacan a la prensa, procediendo a la aplicación de la ley y llevándolos al banquillo para que paguen por esos delitos, puesto que la impunidad también llega a convertirse en un enemigo de ese sagrado derecho a la información, sin presiones ni mordazas ni acciones de violencia en su contra.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
