Aunque en la Alcaldía hagan esfuerzos por negar la realidad apabullante de la ciudad ilegal, la que crece y crece sin freno por razón de los asentamientos ilegales, hay que insistir en que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, y ella determina que la única acción válida del Estado —Concejo y Alcaldía, para el caso de Cúcuta—, es desalojar todos los terrenos que han sido invadidos.

Concejales y alcalde son los administradores del Municipio; los primeros son como la junta directiva de una empresa, y el segundo, el gerente. 

El símil es claro. La que no clara es la actitud de todos ellos de mirar a otro lado cuando se habla de los barrios ilegales que crecen por los cuatro puntos cardinales de Cúcuta.

Es como si el asunto no fuera con ellos. Quizás sea porque es en esas zonas donde se definen las elecciones locales, y en parte las regionales. 

Es allí donde los electores deciden por toda la ciudad, razón por la cual los administradores buscan beneficiar a esos sectores montados sobre el delito. Porque invadir tierras es delito.

Tal vez lo anterior explique por qué a los invasores no los llevan a la Justicia ni los desalojan de las invasiones ni les devuelven los terrenos a sus dueños y, por el contrario, desde el sector oficial se pretende solucionarles problemas insolubles.

De atender a algunos comentarios en círculos políticos, se podría dar como cierta la orden que emitió desde su cárcel en Bogotá el exalcalde Ramiro Suárez, a fin de que al controvertido sector de La Fortaleza —dicen que allí y en El Talento, Nueva Ilusión, La Florida y Brisas del Mirador hay unos 10.000 votos— le instalen alumbrado público, pese a que la ley lo impide.

Y los habitantes están tan esperanzados, que esperan que a partir de estos días comiencen a extender hacia allá las redes, porque confían en que el alcalde les cumpla la promesa que hizo en ese sentido cuando estaba en campaña electoral.

Según las normas legales y la interpretación de la Corte Constitucional, toda persona tiene derecho a gozar de servicios públicos, pero esto no puede ser tomado por las alcaldías para promover o intentar validar asentamientos de invasión.

Así que, mientras no estén legalizados completamente, esos barrios y tantos otros que hay fuera de las normas, no podrán recibir servicios como el alumbrado. 

Que los habitantes disfruten de agua potable y energía domiciliaria no es más que una decisión, dentro de la ley, de las empresas operadoras, cansadas de los robos a los que las someten en los sectores irregulares, y de los riesgos para la integridad de las gentes cuando manipulan redes de alta tensión para cubrir sus necesidades.

En La Fortaleza y demás sectores esperanzados, más le vale meditar en las palabras de un experto en derecho administrativo que recientemente dijo que “lo único que pueden hacer —las autoridades— es desalojarlos”.

Y esperar que el alcalde y los concejales les expliquen la imposibilidad que hay de llevarles lo que no se les puede llevar. 

Pero es muy probable que, en vez de aclararles la situación, les sigan prometiendo imposibles a cambio de sus votos.