La destrucción de Gramalote fue el sello que dejó el inicio del cambio climático en Norte de Santander en aquél 2010, cuando las lloviznas se volvieron torrenciales y los aguaceros quedaron convertidos en tormentas, ambas generadoras de riesgos para los habitantes.
Cuando estamos a punto de marcar en el almanaque otro aniversario de aquel 16 y 17 de diciembre de la desaparición del casco urbano gramalotero, otra vez el departamento se ve envuelto en peligrosas situaciones invernales.
Doce años después de aquél desastre, Villa Caro entra en el foco del alto riesgo de desastre, al resultar afectado por la remoción en masa de 20 hectáreas de terreno, como consecuencia del fenómeno natural denominado avenida torrencial.
Aprovechando que el Gobierno Nacional declaró a Colombia en desastre natural por la cruda temporada de fuertes lluvias, se debe pedir que haya una valoración geológica de toda la zona de Villa Caro para saber los peligros reales que existen y si es necesario tomar las medidas extraordinarias que se requieran.
Lo que está ocurriendo allí, así como en Cúcuta y en otros sectores nortesantandereanos indica que estamos frente a una gigantesca emergencia que ha llevado a 27 de los 40 municipios a encontrarse dentro de la categoría de calamidad pública.
Tener más de la mitad del territorio impactado por esta oleada invernal acompañada de fuertes vientos, truenos y relámpagos, nos ubica dentro de los diez departamentos más golpeados en Colombia, junto con Antioquia, Tolima, Cesar, Quindío, Cundinamarca, Bolívar, Cauca, Caldas y Boyacá.
Y la perspectiva no es nada halagüeña, puesto que el Ideam ha advertido que esta temporada pasada por inundaciones, deslizamientos y crecientes de ríos y quebradas, cierres de vías y dificultades por turbidez en los acueductos, se extenderá hasta el primer trimestre de 2023.
Haciendo algunas cuentas, tenemos que la Navidad y el Año Nuevo llegarán a Norte de Santander con unas 8.200 familias damnificadas, entre las que figuran aquellas que lo perdieron todo en el barrio Doña Nidia y las evacuadas en Villa Caro, por ejemplo.
A los nortesantandereanos nos queda sonando la advertencia emanada del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales sobre una situación más calamitosa en las regiones Caribe y Andina porque las lluvias que caen desde la primera mitad de 2022 podrían crecer en intensidad en un margen de hasta el 70 por ciento, lo cual es verdaderamente alarmante.
Ojalá ese dato lo tengan bien presente las autoridades departamentales y municipales porque no se puede bajar la guardia y tener siempre dispuestos los planes de ayuda y de contención inicial para la atención y ayudas iniciales a los afectados.
Con todo esto que nos está pasando y con la enseñanza que seguramente debió haber dejado lo ocurrido con Gramalote, la mitigación y prevención deben hacer parte de una política que permita con antelación reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales.
Actuar de esta manera permitirá minimizar o evitar daños y pérdidas en caso de presentarse hechos provocados por fenómenos desencadenados por el impacto climático. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, la inversión en el ahora tan indispensable alcantarillado pluvial de Cúcuta para prevenir las inundaciones.
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