El calendario electoral determina que para las elecciones regionales la propaganda política en el espacio público comienza a partir del 27 de julio, es decir, desde el próximo sábado, en Colombia. Y Cúcuta, aunque está en la frontera con Venezuela, sigue siendo territorio colombiano y por tanto aquí rigen normas como esa que aparece en el artículo 35 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011.
Luego entonces los candidatos o movimientos que actúen por fuera de aquella norma riñen con la legalidad. ¿Y saben qué es lo particularmente grave? Que algunos de los que así actúan quieren llegar a la Alcaldía y el Concejo.
Ellos, que como demócratas buscan el respaldo popular para sus proyectos políticos para convertirse en servidores públicos, qué le pueden aportar a la ciudad si con sus actuaciones de campaña empiezan a dejar una sensación de hacer lo que quieran al costo que sea.
En varios puntos de la capital de Norte de Santander aparecieron, desde varios meses atrás, vallas de tinte político y hace unas semanas en las paredes de emblemáticos lugares como la Diagonal Santander los murales de aspirantes a cargos de elección popular aparecieron en clara contravención a lo dispuesto por las autoridades electorales.
Las excusas, en la que muchos son expertos, no faltarán. ‘Esos muros los pintaron mis seguidores’. ‘Yo no me había dado cuenta’, serán, entre otras, las respuestas que muy seguramente expondrán los aspirantes cuyos nombres y logosímbolos de los partidos que los avalaron terminaron convirtiéndose en elementos de los avisos callejeros, que por aparecer a destiempo, bien pueden ser borrados por las autoridades municipales encargadas de velar por el espacio público y regular dicha publicidad.
A la luz de este hecho, que para algunos podría ser una cuestión pasajera, el debate apunta a indicar cuál es realmente el compromiso de los candidatos con la ciudad que pretenden gobernar o coadministrar si para esta fase de la competencia en procura de captar votos contravienen una norma por la cual deberían entrar a responder ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Tal vez no ocurra nada. Como hay tanta agitación por las inscripciones de aspirantes y denuncias sobre el probable trasteo de votos y otras tareas, de pronto la autoridad electoral ni siquiera se detenga a tratar este asunto en Cúcuta.
Pero debería ser obligación de todos los ciudadanos exigir una explicación a esos candidatos, y negarse a votar por cualquiera de los políticos que desde ya, empezaron a demostrar que son capaces de pasarle las normas por la faja. No puede ser que el mensaje que queda en el ambiente es el de que todo vale con tal de tratar de llegar a la meta. De eso ya tenemos muchos malos ejemplos en la ciudad y es precisamente lo que trata de corregirse en la búsqueda de caminos que conduzcan a legalidad, a las prácticas de la decencia, a dejar a un lado la politiquería, a establecer condiciones que lleven a una Cúcuta realmente comprometida con los códigos de la ética y buenas costumbres.
Pensar así, comentarán muchos, es utópico, pero los grandes cambios se hacen soñando y de estas pesadillas de la realidad contundente el valle de doña Juana Rangel tiene que lograr un mejor mañana.
