Hace pocos años, al Consejo Superior de la Judicatura lo salvó de morir, en el último momento, una polémica decisión de la Corte Constitucional. Si no, desde entonces hubiera habido menos impunidad, menos corrupción, menos negligencia.
La Justicia, de la que ese tribunal hace parte, le hizo un favor que solamente ha servido para prolongar la ineficiencia e incrementar la necesidad ineficacia del Poder Judicial, desde hace largos años convertido en un paquidermo que solamente actúa cuando no hay poderosos intereses en juego.
Hoy, el Consejo Superior de la Judicatura está otra vez en el banquillo de los acusados de dejar perder millonadas de pesos, por su ineficacia y su ineficiencia, es decir, su incapacidad para hacer cosas elementales como cobrar lo que le deben.
Según una auditoría de la Contraloría General de la República, el consejo ha dejado perder 6,6 billones de pesos en multas impuestas a los condenados por los jueces, como parte de la pena por delinquir.
Una prueba de la ineficiencia de este organismo está en el hecho de que los condenados le deben al Estado por intereses (9,1 billones de pesos) casi lo mismo que por la deuda en sí (10,9 billones). Significa que el tribunal ha dejado pasar el tiempo sin cobrar, y la deuda crece y crece, hasta hacerse impagable.
Además de los 6.6 billones que ya no se pueden recuperar, los responsables de delitos de narcotráfico le deben al Estado 4,4 billones de pesos, deudas que están a punto de prescribir, por lo que sería otra multimillonada perdida.
Esos dineros están destinados al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. Pero, como se pierden, el resultado es el estado de postración del sistema judicial, necesitado de apoyo financiero. Así, el consejo no logra ni siquiera cobrar para sus gastos…
Cada año, los cobros ascienden a solo 6 mil millones de pesos, una bicoca si se comparan con los 11 billones que deben los presos y están a punto de perderse, o con los 120 mil millones que aún no han pagado los parapolíticos. Y que si se tiene en cuenta lo que sucede, no pagarán.
Como también podrían quedar debiendo los hermanos Nule, condenados a pagar 10 mil 342 millones de pesos. En total, las deudas por multas suman 20,5 billones de pesos, equivalente a 10 por ciento del presupuesto nacional para 2017.
A pesar de que hay 48.345 procesos de cobro coactivo, la Contraloría dijo que en su auditoría no encontró soporte de acciones tendientes a la recuperación de la cartera. Es decir, hay una especie de inmovilidad de los funcionarios.
Si la burocracia y el clientelismo lo permitieran, una fórmula podría pasar por la contratación de agencias de cobro, como hay muchas en el país, capaces de cobrar las deudas más difíciles.
Sería mucho más barato que sostener una burocracia negligente que no es capaz ni de cobrar los dineros que le permitan sobrevivir y mantenerse como uno de los órganos del Estado llamados entre los primeros a desaparecer para siempre.
