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La alcaldesa de Ocaña

Sábado, 15 de Junio de 2019
Esa deficiencia, que se evidencia en todos los niveles de la burocracia estatal, es la fuente primera de la corrupción que devora las entrañas de Colombia desde hace varios lustros. 

Definitivamente, una de las grandes falencias de la dirigencia política de este país es su muy deficiente, por no decir nula, conciencia ética, que les permita a los funcionarios saber, con toda claridad, que hay cosas que no pueden hacer, porque son contrarias a la moral y, en muchos casos, a las leyes.

Esa deficiencia, que se evidencia en todos los niveles de la burocracia estatal, es la fuente primera de la corrupción que devora las entrañas de Colombia desde hace varios lustros. Desde mucho antes de que el entonces presidente Julio César Turbay se hiciera tristemente célebre con su frase según la cual, en su gobierno, iba a “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Así, sin rubores, ¿para qué?

Pero, en vez de preocuparse por formar a sus líderes y cimentarles principios fundamentales de ética y de derecho, materias de las que muchos no conocen ni el forro del texto, los partidos políticos les enseñan, en la práctica permanente, cómo ganar elecciones con costumbres obscenas, viles, que rayan con el delito.

Deberían los partidos educar a sus seguidores para que entiendan que robar el dinero o los bienes públicos no es la única manera de ser corrupto. Que también se cae en corrupción cuando se adoptan medidas contrarias a las normas legales, aunque quien lo haga no toque un solo centavo del erario.

Desde luego, la formación ética y moral básica se adquiere en el hogar, pero nada contradice el hecho de que, en el campo político, el adoctrinamiento de líderes y partidarios debe basarse en los principios éticos más rígidos, menos deleznables, y en el conocimiento exacto de la normatividad legal, con la cual van a lidiar el resto de su vida activa.

Por ese desinterés partidista, por esa falta de sindéresis y de preocupación por la formación, ocurren casos aberrantes y vergonzosos como el de la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, ejemplo vivo de cómo no se debe actuar nunca en la administración pública.

Con poco tiempo al frente de la Alcaldía, Carrascal firmó de manera irregular un contrato para la prestación del servicio de grúa en el Municipio, que investigó la Procuraduría Regional de Norte de Santander. Como consecuencia, a Carrascal la destituyeron y le declararon inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante 10 años. Carrascal está gobernando a nombre del Partido Conservador.

Pero la situación va más allá, porque la sanción le llegó a Carrascal antes de que le notificaran otra, similar, por actos corruptos durante una campaña local para revocarle el mandato. Con sus decisiones en esa oportunidad, dijo la procuraduría, la alcaldesa cometió faltas gravísimas, al no declararse impedida para emitir normas locales con las cuales pudo haber influido en los resultados de la consulta. Por ello, fue destituida y declarada inhábil para desempeñarse como funcionaria del Estado por 12 años.

A la alcaldesa no le han podido notificar las dos decisiones, porque, en actitud que bien valdría la pena investigar a fondo, se ha excusado de asistir a su despacho por razones de salud y estar sometida a exámenes médicos de diversa índole. En su reemplazo está actuando el secretario de Gobierno, Juan Pablo Bacca Manzano.

Carrascal no es el prototipo de alcalde de Norte de Santander. Pero con lo que ha decidido la Procuraduría, pasa a encabezar la lista de los más notorios. Lástima que como miembro de las largas filas de la corrupción.

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