Culturalmente, Colombia es un país guerrerista. Lo dice la larga historia de guerras civiles y matanzas, todas sin sentido, y lo reiteran ciertas decisiones inverosímiles de políticos que niegan la política.

Acaba de ocurrir en el Senado, con el vital proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores de la guerra o Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), pero ha ocurrido tantas otras veces en que se ha buscado acabar la guerra con la guerra.

Quizás sea porque esos políticos prefieren reafirmar aquello de que la guerra no es otra cosa que la continuación de la política por otros medios, antes que darles al diálogo y la negociación la oportunidad de encontrar el camino de la solución.

En el proyecto, el enunciado de los principios de la justicia transicional decía que Colombia resolvería todos los conflictos armados prioritariamente mediante la negociación política, lo cual privilegia el sentido civilista que debe tener la sociedad.

Pues, por iniciativa de una exfiscal, ahora senadora del partido liberal, se eliminó tal principio, con el argumento de que eso significaba “renunciar al uso de la fuerza en medio de hostilidades”.

Es decir, se ratificó que a la guerra —como la que soportó Colombia durante casi 60 años, y que solo se resolvió mediante el diálogo político—, solamente se le puede buscar solución mediante la guerra. Aunque dure otros 60 años y acabe con lo que quede de país.

Es otro pírrico triunfo del país guerrerista sobre el país pacifista, de los halcones sobre las palomas —como se les llama a los partidarios de la guerra y de lo armado y la destrucción, los primeros, y a los partidarios de la civilidad y del diálogo y de la política, los otros—.

Desde luego que la idea del enunciado era la de privilegiar el diálogo sobre la fuerza, ¿por qué no? ¿Dónde está el error de pretender desvirtuar la fuerza, así sea la del Estado, como mecanismo para encontrar la paz?

Lo irónico de lo que pasó en el Senado es que la norma eliminada era una del proyecto de ley con el que se materializan acuerdos con las Farc durante el diálogo de La Habana. En una norma que demuestra que la única forma de parar la guerra fue con la política, se niega la política. ¡Qué absurdo, qué absurdos!

Vaya sensatez de algunos políticos que se dicen liberales, pero que actúan en el sentido de las fuerzas más retrógradas, las que predican la guerra y se benefician de ella, las que consideran que el único diálogo posible es el del rifle y la metralla.

Pero, además, el proyecto no excluía la posibilidad de que el Estado hiciera uso de la fuerza en caso de una guerra, solo privilegiaba, con sentido de sensatez y de prudencia, el sencillo acto de sentarse a hablar, el cotidiano ejercicio natural del hombre como animal político, no como un ser matón y depredador.

Finalmente, no sobra destacar el fenómeno de siempre, revelador y obsceno: quienes le dicen no al diálogo y predican la guerra, quienes la privilegian, quienes le abren paso, jamás van al frente de batalla. Para eso están los demás.