Alarman y preocupan los datos que contiene el informe publicado ayer en este diario sobre el peligroso avance hasta ahora incontenible de la deforestación en la convulsionada región del Catatumbo.
Ciertamente, no es un problema de ahora ni es solamente del Catatumbo. Desde hace muchos años y durante la expansión del dominio territorial de guerrilleros, paramilitares, contrabandistas y bandas criminales, la deforestación o la tala de árboles no han tenido los correctivos pertinentes, a pesar de los muchos anuncios oficiales para contenerlas.
Como pasa con los otros fenómenos de violencia y criminalidad que golpean esa región nortesantandereana, a la larga todo se vuelve un círculo vicioso, complejo y difícil de romper: las soluciones están listas, pero los actores armados con sus acciones violentas y demenciales no permiten su implementación.
La porosidad de la extensa frontera con Venezuela ayuda mucho también a la permanencia y agravamiento del problema. La situación difícil de las relaciones bilaterales con el país vecino tampoco auguran perspectivas favorables de cambio.
Según los informes del permanente monitoreo que hace el Ideam, las zonas más afectadas por la deforestación están en 23 veredas de Tibú, Teorama y Sardinata. Los cultivos ilícitos de coca y la tala indiscriminada de árboles para la construcción y adecuación de vías para la minería ilegal y las múltiples modalidades del contrabando, siguen siendo las principales causas de la mortal deforestación.
De las 128.253 hectáreas de bosque de Tibú, 22.754 han sido arrasadas entre 2012 y 2018. Cada año se deforestan 3.800 hectáreas. Para los expertos, estamos ante una situación alarmante que requiere de un inmediato y gran esfuerzo gubernamental y de todo los sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, para ponerle la máxima atención. Antes de que el Catatumbo se nos convierta en un gran desierto.
Pero tristemente la deforestación afecta todo el país. En el Pacifico, los únicos bosques húmedos de importancia mundial contaron con una tasa de deforestación del 16% debido a la extracción de madera y cultivos de comercio no lícito, señaló un reciente documento de la Fundación Natura.
Según los estudios e investigaciones, el 50% de los suelos del territorio nacional presentan algún grado de erosión, de los cuales el 24.4% es de carácter severo. En la zona andina, el problema de erosión severa es más grave dado que las tierras afectadas sobrepasan un 80%. Se ha determinado que anualmente entre 170.000 y 200.000 hectáreas de terreno inician procesos erosivos.
Del bosque seco solamente queda alrededor del 1,5% de su cobertura original y en la región Caribe, máximo representante de este tipo de bosques, la deforestación tuvo una equivalencia del 14% del nacional. No fue más porque ya no había más que tumbar. La pérdida de bosques también contribuye de manera contundente a la pérdida de biodiversidad y al deterioro de los ecosistemas y por ende representa un problema para las comunidades locales, para las cuales los servicios ecosistémicos son la fuente de su economía y bienestar.
Los expertos están de acuerdo en que urge una acción conjunta y coordinada para enfrentar y encontrar las soluciones pertinentes.
Si se aúnan esfuerzos, si hay voluntad política, si se piensa más en el bien común que en los intereses particulares, si las políticas obedecen a una sociedad y no a unos grupos económicos o a unos especuladores de las tierras y el medio ambiente, no todo está perdido.
