En un país como Colombia, donde cada día nacen organizaciones armadas ilegales dedicadas a la política —la guerra es una extensión de la política—, claro que es posible todo. La experiencia dice que, en ese sentido, casi no hay sorpresas.
Esta es la razón por la cual se da por cierta cualquier versión que vincule a, por ejemplo, un congresista, con una de tantas organizaciones ilegales, la mayoría criminales, surgidas en las décadas recientes con el claro objetivo de servir de contrapeso a otras y, si cabe, combatirlas a sangre y fuego y buscar exterminarlas.
En un país con una guerra de 60 años, toda actividad está permeada por la violencia y el delito, en niveles que dejan de llamar la atención cuando se descubre que los más altos personajes también han dado paseos, largos y cortos, por fuera de los límites establecidos por las leyes.
En la cultura de la ilegalidad que se impone, como una consecuencia de la guerra, nadie está exento de corromperse y corromper.
Por estos días, los medios se centran en la decisión de la Fiscalía de acusar, mediante el envío de copias de sus investigaciones a la Corte Suprema de Justicia, a dos congresistas, uno de ellos reelegido hace una semana, por posibles vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Uno de los dos es el senador Jesús Alberto Castilla Salazar, de Convención; el otro es el representante a la Cámara Germán Bernardo Carlosama López, de Mallama, un minúsculo pueblo de Nariño. Convención y Mallama son limítrofes, con Venezuela y Ecuador, respectivamente, y en ambos, desde hace lagos años, ha habido intensa presencia del Eln.
Catatumbo, por el lado de Castilla, y el sur de Nariño, por el de Carlosama, son dos de las regiones más penetradas por la violencia de todo tipo, los cultivos de coca y la colonización descontrolada.
Sin el ánimo de inculpar a estos congresistas, es oportuno reflexionar: si a organizaciones de extrema derecha, e incluso a pandillas criminales, han estado vinculados algunos congresistas, ¿por qué razón no podrían estos dos u otros tener vínculos con el Eln? A la luz de la realidad, parecería más difícil de creer que otros altos funcionarios del Estado no hubieran tenido o tengan vínculos con el Eln, el Epl o las extintas Farc.
Castilla es relativamente conocido en Norte de Santander, de modo especial desde cuando hizo parte de los organizadores del paro campesino del Catatumbo, durante el cual hubo muertos, heridos, bloqueo permanente de pueblos como Tibú y uso ilegal de armas.
Desde luego, esto no necesariamente significa que el senador electo sea un miembro del Eln desde 1990, como lo indicarían algunos documentos que halló la Fiscalía. Pero tampoco lleva a descartarlo.
Son llamativas las similitudes entre los dos congresistas: ambos de origen campesino y de regiones de gran actividad del Eln, fronterizos, vinculados a movimientos sociales, jóvenes, cercanos a campesinos dedicados a cultivos ilícitos, y ambos de muy bajo perfil en las actividades públicas, pese a que Carlosama era el segundo vicepresidente de la Cámara.
Pero ninguna de estas es razón para que una persona pueda ser acusada de ser guerrillera.
De ser cierto lo que dice la Fiscalía, no hay duda de que estos personajes han tenido que hacer esfuerzos grandes para vivir una doble vida, a niveles tan dispares, sin que nadie se de cuenta. Bueno, fuera de la Fiscalía…
