Como ha ocurrido con todos los aspectos de la vida normal que conocemos, la educación también resultó impactada por la pandemia del coronavirus, tanto en los aspectos de la forma de dictar clases hasta en lo relacionado con el aspecto económico, que no puede olvidarse.
Ya hemos visto que ni colegios ni universidades usan los espacios físicos sino que en la medida de las posibilidades, los alumnos estudian ahora usando las herramientas virtuales, las redes sociales, y hasta la radio -como ocurría hace muchos años con el bachillerato por radio-, al igual que utilizando la televisión.
Todavía sobre el regreso de los niños, adolescentes y jóvenes a las aulas, no hay absolutamente nada decidido. Ellos, por el momento, continúan en confinamiento hasta el 31 de mayo, por el momento, lo que pensamos es una buena medida.
“Seguimos con el programa ‘Estudio en Casa” ha dicho la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien en referencia a una posible reapertura escolar notificó: “no es una medida menor que se pueda tomar de un día para otro, sino con mucho cuidado con el Ministerio de Salud”.
Paralelo a esto, hemos visto que los hogares como ha ocurrido con todo el aparato productivo colombiano, la pandemia de la COVID-19 también ha infectado la economía familiar, hecho que provocó un llamado de los padres de niños y niñas que estudian en colegios privados, con el propósito de que se evalúe una rebaja en el valor de las pensiones teniendo en cuenta las evidentes dificultades tanto durante la cuarentena sanitaria como por el efecto demoledor del coronavirus contra la economía.
Lógicamente la reducción solicitada por los padres y asistentes de los alumnos que acuden a esas instituciones educativas, les producirá también a ellos problemas, porque la disminución de ingresos evidentemente afectará el cubrimiento de gastos fijos como la nómina de profesores, los servicios públicos, arrendamientos y otros aspectos.
Ahí le correspondería al Estado entrar a posibilitar una alternativa de otorgarles créditos de fomento a los colegios privados para que ellos tengan la opción de ayudar a sus estudiantes desde el punto de vista de ese tipo de ‘subsidio’ a las pensiones.
No hacerlo, indudablemente llevará a que en muchos de esos establecimientos se desate una ola de deserción escolar por física imposibilidad del pago total de las sumas mensuales asignadas para la educación de quienes acuden a estudiar en ellos.
Pasando por las universidades, las alarmas también han sido activadas, como se lee en una comunicación emanada de instituciones de la talla de la Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Bolivariana; Universidad Central, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad de Boyacá, Fundación Universidad de América, Universidad Autónoma de Manizales y la Libre.
Allí se notifica que no solo a las antes mencionadas sino a los demás centros de estudios superiores colombianos, la COVID-19 las llevará a la reducción sustancial de la matrícula universitaria, que llegaría a estar por encima del 50 %, la consecuente cesación de miles y miles de docentes y personal administrativo, e incluso la desventura de la inviabilidad de algunas de universidades, lo que implicaría un retroceso de muchos años y la pérdida de logros mayúsculos en construcción de capital social, científico e intelectual del país.
