Un día se entera que cayeron en poder de las autoridades unos reconocidos delincuentes que según los trámites procedimentales posteriores tendrían asegurada una buena temporada en la cárcel, resulta que al poco tiempo quedaron libres.

Lo mismo ocurre con poderosos narcotraficantes quienes de acuerdo con el material probatorio en su contra, lo más probable es que ellos y su imperio quedaran reducidos a nada, mientras la prisión se abriría para que pagaran por diversos delitos, pero resulta que gozan de buena libertad.

Y como si fuera poco,  también se escuchan denuncias contra abogados que se aprovechan de sus clientes para terminar estafándolos en casos de jugosas indemnizaciones, por ejemplo.

Esas tres situaciones, tan de común ocurrencia en la administración de justicia aquí en Norte de Santander, conducen a que el ciudadano pierda la credibilidad, la confianza y el respeto por esa rama del poder público.

Y algo no debe de andar muy bien cuando la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca tuvo conocimiento de 1.189 procesos en los que aparecen involucrados jueces, fiscales, abogados y empleados judiciales.

Dentro de las situaciones que son materia de investigación por parte de ese organismo se encuentran el del famoso vencimiento de términos que se está convirtiendo en la ruta de salida más expedita para muchos delincuentes, que de esa manera logran romper el cerco de la justicia.

Dentro de esa modalidad la mayoría corresponde a los fiscales que llevan los casos que al dejar que los tiempos corran y no haya ninguna acción, bien sea porque no están pendientes de las acciones  que adelantan o porque impulsados por la corrupción, terminen favoreciendo a los procesados con volver a la calle a seguir haciendo de las suyas y poniendo en riesgo a quienes fueron sus víctimas y a quienes declararon en contra de ellos.

Pero entre los togados que representan a la justicia con su balanza, muchas veces el desbalance de los jueces se hace en favor de peligrosos delincuentes (llámese corruptos, criminales, narcotraficantes, guerrilleros, lavadores de activos, entre otros) a quienes resultan favoreciéndolos con casa por cárcel o libertades que no están concebidas para beneficiar a quienes están señalados de cometer delitos graves.

En estas actuaciones que causan indignación ciudadana se esconden  malas prácticas profesionales, ligerezas o también la corruptela para torcer la jurisprudencia contenida en los códigos.

Entendiendo que esto tiene que parar, es gratificante que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial esté trabajando de la mano con Naciones Unidas y organizaciones lucha contra la corrupción, en la posibilidad de ser esa institución la responsable de la capacitación de jueces y fiscales en orden a una formación ética en el funcionario judicial.

Y eso es de la mayor urgencia que ocurra, porque no es halagüeño tener cifras como estas en Arauca y Norte de Santander: 475 procesos  disciplinarios contra abogados, 427 a jueces, 263 a fiscales y 16 contra empleados de la Rama Judicial.

Y como de las aulas de Derecho saldrán los futuros jueces, fiscales y magistrados, queda bien esta reflexión del presidente de la Comisión Nacional Disciplinaria Judicial, Julio Andrés Sampedro Arrubla: “Lo que les digo a los estudiantes de Derecho es que tienen que esforzarse permanentemente por construir seres humanos con ética y transparencia que les permita asumir el ejercicio de la profesión de forma responsable”.