La falta de esa política de Estado es la responsable de la situación calamitosa que se vive desde hace muchos años en nuestras zonas de fronteras: violencia criminal sin límites, pobreza extrema, analfabetismo, desempleo e informalidad, corrupción galopante, impunidad absoluta, aislamiento, marginalidad y total desgobierno.
Nos hemos acostumbrados a salir a apagar los incendios que producen los recurrentes estallidos de violencia y agitación social que las comunidades tienen que organizar y promover para que les presten atención, con decretos y medidas también recurrentes que se quedan en el papel. Como los famosos documentos Conpes, los consejos de seguridad, las declaratorias de emergencia, y más recientemente los llamados ‘puestos de mando unificado’.
Hay que admitir que nuestros gobiernos y autoridades han fracasado en el tratamiento y solución de la complejísima crisis económica, social y de violencia que golpea nuestras zonas de fronteras en el Catatumbo y Norte de Santander, en Tumaco y Nariño, en Guajira, en Chocó, en Arauca, en Vichada, en Guanía, en Vaupés, en Amazonas y en Putumayo.
De estas sufridas regiones y de sus gentes nos acordamos cuando estallan los problemas de violencia o se presentan los desastres y tragedias que provocan los fenómenos naturales.
Fue muy sintomático, por ejemplo, que en el reciente debate electoral para escoger nuevo presidente de la República, Cúcuta fue la única ciudad del país de su importancia y categoría donde no hubo debates públicos con los candidatos y los medios regionales para que presentaran sus propuestas o iniciativas sobre estas regiones.
Podría sonar muy pesimista, pero nada nos hace pensar que esta situación de incertidumbre y desesperanza vaya a cambiar con el nuevo gobierno que se instala el próximo 7 de agosto.
Creemos que se va a complicar y la solución estará más lejana, pues han surgido y están surgiendo nuevos y preocupantes factores perturbadores que así lo indican.
Algunos compatriotas han planteado la necesidad de la creación de un Ministerio de Fronteras o para las Fronteras como ente articulador y coordinador de las estrategias y planes que permitan hacer posible la máxima atención a nuestras zonas limítrofes. Otros han propuesto la creación de la Alta Consejería o Consejería Especial con el mismo objetivo.
En el pasado se hicieron algunos ensayos al respecto, pero tampoco pasó nada y todo siguió igual como hoy.
Somos conscientes de que con la sola creación de esta nueva agencia gubernamental no se van a resolver nuestros males. Hay quienes creen y tienen sus razones para temer que esto podría terminar generando más burocracia paquidérmica.
Pero puede ser el comienzo de una aplazada y justa tarea que hemos estado reclamando. Creemos que con la voluntad política y el mandato mayoritario que le dieron los colombianos, -donde la mayor votación porcentual fue la de Norte de Santander- al nuevo presidente Iván Duque, su Gobierno se convierta en una nueva esperanza para el rescate y reconstrucción de nuestras zonas de frontera. Para ello es pertinente el apoyo de muestras regiones, de sus autoridades, del Congreso, gremios, empresarios, comunidades y de los sectores políticos de todas las tendencias y matices.
Rescatar nuestras zonas de fronteras y ponerlas en el camino del desarrollo y el progreso es comenzar a pagar una vieja deuda social y económica que el Estado tiene contraída con ellas.
