Siete de cada 10 personas que trabajan son informales, fue el reciente titular de La Opinión al dar a conocer el comportamiento del desempleo en el área metropolitana de Cúcuta, según las estadísticas que maneja el DANE.

El solo enunciado encierra  de por sí algo bien grave que ratifica las complicaciones paralelas que ensombrecen la situación socioeconómica de la larga fila de personas que todos los días salen al rebusque, obligadas por las necesidades que los agobian.

Ahí se enquista la pobreza, la inseguridad alimentaria en muchos de esos hogares, en tanto que la educación de los niños también pasa a un segundo o tercer plano dentro del conjunto de prioridades.

Y como en ocasiones se dice que algunos de los problemas que agobian al país fueron ocasionados por la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, en este caso debemos recordar que Cúcuta ha arrastrado el mal de la informalidad desde mucho antes de que se desatara este grave problema mundial.

Los recuerdos nos permiten indicar que en tiempos prepandémicos  estábamos siempre en los primeros lugares en la informalidad, al igual como lo estamos sufriendo en esta temporada, con un índice que raya en el 70%. Incluso, por esta misma época en 2019, ese índice marcaba en la capital nortesantandereana el 73,3%.

Cómo será de complicado el panorama en ese frente, dibujado por las mismas estadísticas gubernamentales, que el anterior porcentaje representa que en la región estamos por encima del promedio  nacional en un equivalente de 30 puntos.

Lo anterior constituye, sin duda alguna, una situación de alta complejidad que debe de ser tenida en cuenta para enfrentarlas con acciones macroeconómicas porque indudablemente no se trata de un  asunto de menor equivalencia, por los dramas humanos que se encuentran detrás de esas cifras.

Entonces aquí se necesitarían acciones dirigidas al fortalecimiento del tejido social empresarial, a impulsar la inversión para impulsar la industrialización y seguir con los planes de emprendimiento, por ejemplo.

Además, con la caracterización de quienes están sumidos en empleos informales, lanzar estrategias para emprender acciones que los lleven a convertirse en potenciales beneficiarios de planes de empleo, dependiendo de su formación académica y para el trabajo.

Los que por su misma condición no hayan podido estudiar, deberían ser objeto de potenciales acciones desde el SENA, las universidades públicas y otras  instituciones educativas para permitirles ingresar a los diversos programas que se ofrecen y que les permitan acceder a las vacantes que se ofrezcan. La otra acción es persistir en los planes de la formalización laboral para sacar de la precariedad a muchos de los empleos a las que acceden las personas, quienes por necesidad económica muchas veces aceptan trabajar sin que les garanticen las mínimas condiciones de seguridad social, por ejemplo.

En Cúcuta, donde hoy tenemos 697.000 personas en edad de trabajar de las cuales 331.000 están ocupadas, ojalá surta efecto con rapidez el anuncio hecho en la ciudad por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, sobre las cuatro estrategias diseñadas por el Gobierno Nacional.

La fórmula expuesta para la recuperación del empleo plantea inversión pública, incentivos tributarios, subsidios y capacitación y formación para el trabajo. Eso es lo que regiones como Norte de Santander requieren con urgencia para salir de la crisis y ganarle de paso terreno a males como la inseguridad y la violencia, que tienen en el empleo, el antídoto para debilitar a las organizaciones del crimen que se nutren de quienes al caer en la pobreza extrema o la miseria a veces buscan como salida vincularse a las mismas.