Está bien que se cuente con herramientas para enfrentar situaciones a la cual nunca habíamos estado acostumbrados en Colombia como lo es la oleada migratoria venezolana, pero esas criaturas legislativas deben nacer con dientes jurídicos y músculos financieros, porque de lo contrario apenas servirán para adornar los anaqueles de la historia.
Nos referimos al proyecto de ley para establecer el sistema nacional de migración, que debería tener como artífices y motivadores principales a los congresistas de la frontera, porque en ese territorio es donde más efectos genera el éxodo tanto de inmigrantes como de colombianos retornados. Los ejemplos son contundentes en Cúcuta y Villa del Rosario, para citar solo a estos dos grandes receptores.
Sin duda, la sola presentación de esta iniciativa por parte de la Cancillería ya significa un paso en la dirección correcta para que la legislación se ajuste y abra los espacios para que las alcaldías, ministerios, gobernaciones o demás entidades del Estado puedan hacer uso de los recursos para brindar atención a los inmigrantes, y que los presupuestos sean fortalecidos para direccionar planes especiales hacia esa población, con enfoque garantista de los Derechos Humanos.
Ahí debe darse la discusión a fin de que ya no tengamos que asistir al colapso de los hospitales y de los establecimientos educativos, porque al definirse desde la normatividad las asignaciones requeridas y constituirse las fuentes de financiación, nacionales e internacionales, entonces podrían emprenderse proyectos de salud y educación en infraestructura, dotación y asignación de personal profesional para enfrentar el reto migratorio.
Con el fin de que lo anterior pase del papel a los hechos, los legisladores deben aprovechar y trabajar a profundidad en lo expuesto por el ministro de Relaciones, Carlos Holmes Trujillo, de que “dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo se quiere adoptar en el país nuevas políticas públicas que están trazadas en el marco de este proyecto que presentamos”
El garantizar la identidad es otro de los grandes aspectos que merecen ser cubiertos desde una medida como la que se planteó por parte del gobierno del presidente Iván Duque, asunto en el que hay pendientes no resueltos como el relacionado con los recién nacidos en Colombia, cuyos padres sean venezolanos en calidad de inmigrantes.
Además, será muy importante sacar adelante en el Congreso de la República el capítulo relacionado con la protección internacional al extranjero y las formas a seguir para acceder al estatus de asilo, refugio y de reconocimiento de la condición de persona apátrida.
Colombia, a donde han llegado más 1’300.000 venezolanos, en la mayor oleada de la historia reciente, con esta propuesta de origen gubernamental contempla un elemento que se enmarca perfectamente en la búsqueda de consolidar una estrategia de atención a quienes hoy huyen de la crisis social, económica y política del país petrolero.
Ese aparte del proyecto dice: “El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en el ámbito de sus competencias adoptarán los criterios para asistir a las personas, que a juicio de las entidades así lo requieran; pudiendo emitir los documentos y/o permisos de permanencia temporal o residencia pertinentes, y autorizar el ingreso, salida o permanencia de extranjeros en Colombia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, cuando las circunstancias especiales de un país o nacionalidad lo hagan necesario”.
Ojala, y esto no debe tomarse como oposición a ultranza o como una actitud de pesimismo, que en el trámite se tengan en cuenta los insumos que la cruda realidad migratoria entrega y del Capitolio salga una ley robusta y eficaz como la que los colombianos e inmigrantes requieren.
