Caminando por la calle 10 y la avenida cuarta, en el centro de Cúcuta, se tropieza uno con por lo menos una veintena de niños y bebés yukpa venezolanos pidiendo limosna en compañía de sus padres, situación que lo lleva a la siguiente pregunta: ¿aquí no deberían intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia o Migración Colombia?

Este triste ver a los pequeños descalzos y con tarros pidiéndoles monedas a los transeúntes y automovilistas, mientras que en el andén otros miembros de esa tribu, comen, charlan o cargan niños de brazos como elemento motivador de la solidaridad ciudadana y así ser socorridos con una moneda.

¿Luego no hay normatividad -sin importar la nacionalidad- que señala que los niños y niñas en condición de mendicidad deben ser protegidos por la institucionalidad estatal? ¿Acaso estos indígenas inmigrantes tienen alguna ‘patente’ especial para salir a las calles a pedir plata o comida poniendo a los menores de edad como gancho para despertar compasión?

Ya sabemos que sobre esa etnia se abatieron todos los males que afectan a los pobladores del otrora boyante país petrolero que hoy vive una de las peores crisis de su historia, generando una desbordada ola migratoria nunca antes vista en el continente, y que como muchos de quienes salieron de allí, pusieron como rumbo de destino el área metropolitana de Cúcuta.

Pero en estos momentos hay que evitar a toda costa que el caso concreto de los yukpa se transforme en invisible o como un elemento más del paisaje de una ciudad que precisamente carga a cuestas su propia pobreza y miseria que golpea a miles de cucuteños que no tienen ninguna oportunidad de solucionar sus necesidades básicas insatisfechas.

Es hora entonces que el ICBF envíe a sus funcionarios a las zonas céntricas en donde están los pequeños yukpas para que diagnostiquen y definan si lo ocurrido encaja dentro del fenómeno de los niños, niñas y adolescentes de vida en calle o con alta permanencia en calle.

A dicha entidad, a la luz de la Resolución 1514 de 2016 (firmada por la entonces directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas), le correspondería entrar a proteger los derechos inobservados, amenazados o vulnerados de esa población infantil que en los andenes y vía pública pide dinero, juega y se alimenta en compañía de adultos de la misma etnia, en su mayoría mujeres.

Una labor similar le compete a  la Policía de Infancia y Adolescencia como institución de prevención, vigilancia y control, activando el programa  ‘Abre tus ojos’  que facilita la identificación de cualquiera de los factores de riesgo, como la posible explotación, para luego proceder a garantizar la protección integral dentro del marco legal establecido. 

Y, en el caso  comentado, Migración Colombia también debe proceder a cumplir su tarea elemental de control y verificación de los yukpa venezolanos en calidad de  ciudadanos inmigrantes, para en coordinación con las autoridades locales e instituciones humanitarias, entre ellas el Servicio Jesuita a Refugiados, consolidar un plan de acción para su atención integral.   

El proceso de puertas abiertas y de apoyo incondicional a quienes aquí consideramos como ‘hermanos’ no debe transformarse ni en una especie de actitud permisiva ni mucho menos en la alternativa para que muchos se aprovechen de las circunstancias y lleguen a explotar a quienes huyen de la crisis de su tierra natal.