Cúcuta y Norte de Santander vienen padeciendo las calamidades más terribles y espantosas de su historia reciente. Las lluvias de los últimos días ocasionaron en la ciudad capital y en varios municipios la desaparición de varias personas, cuantiosas pérdidas materiales, y dejaron a miles de familias en la indigencia, sin hogares y con solo lo que tenían puesto encima.
Hemos sufridos la crisis económica, social y humanitaria de Venezuela, la creciente migración del país vecino con todas sus secuelas y consecuencias, la arremetida de nuestros actores armados y violentos y la corrupción; como sociedad, la pérdida de los valores y la degradación de todos nuestros principios y costumbres. Como si todo esto fuera poco, en el presente año nos han caído casi todas las plagas inimaginables: la pandemia del coronavirus, el regreso mortal del fenómeno climático de La Niña y los embates del huracán Iota, que con intensidad devastadora ha destruido parcialmente a San Andrés, y casi totalmente a Providencia y Santa Catalina.
Como siempre, no estar preparados para tantas contingencias al mismo tiempo, aumenta la magnitud y efectos negativos colaterales de los estragos y daños. Hay que repetirlo: no estábamos preparados, no estamos advertidos, no practicamos la cultura de la prevención, y lo peor, nada parece indicar que esta situación vaya a cambiar.
Es prematuro aún establecer las causas y orígenes de tantos desastres y no es el momento de buscar y señalar responsables. Pero hay algo en común en las tragedias que vivimos con nuestros compatriotas de San Andrés y Providencia, del Chocó y la Costa del Pacífico, de Antioquia, de La Guajira y toda la Costa Caribe, de Nariño, y demás regiones del país: la imprevisión y derroche de millonarios recursos por parte del estado en planes de infraestructura vial, hospitalaria, de desarrollo rural, de vivienda digna, de saneamiento básico, de electrificación, que se han dilapidado sin lograr alcanzar los fines para los que se habían proyectado, durante los últimos gobiernos.
Hace 10 años, a raíz de los desastres causados por La Niña – Norte de Santander fue de las regiones más duramente castigadas entonces - , se creó el Fondo Adaptación. La Corte Constitucional le asignó entre sus mandatos la adaptación del país al llamado cambio climático. Se dispuso la transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de servicios públicos, de educación, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, tendientes a la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por La Niña”. También, la rehabilitación económica de los sectores más afectados por la ola invernal.
Uno de los compromisos del Fondo Adaptación fue la reconstrucción de Gramalote, que hoy, diez años después, aunque está bastante adelantada no se ha podido terminar por diferentes incumplimientos de los contratistas.
Ojalá que los compromisos que ahora se adquieran para atender los nuevos desastres de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sobre todo los de Cúcuta y el resto del departamento, cuya afectación en esta ola invernal sin haberse terminado aún la temporada de lluvias, ha sido bastante importante, se cumplan de verdad.
