El presidente de la República, Iván Duque, acaba de expedir los decretos 2037 y 2038 de noviembre de 2019, que desarrollan las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas a través del  artículo 332 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), con lo que se da el primer paso para el fortalecimiento institucional y la completa modernización de la Contraloría General de la República.

A través de esos decretos, se especializaron los sectores de acción de las Contralorías Delegadas y se aumentó la planta de personal de la entidad. Adicionalmente, se logró dar un paso firme para la utilización de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción, así como para adelantar las acciones de reacción inmediata de vigilancia y control fiscal que se requieran ante la inminencia de pérdida de los recursos públicos.

El aumento de la planta de personal se hizo sobre la base de la necesidad de incrementar la cobertura y especialidad en el control fiscal. Vale aclarar que los cargos creados deben ser provistos de manera gradual y están financiados con el mismo presupuesto aprobado en el acto legislativo que reformó el régimen de control fiscal.

El 96% de los cargos serán provistos a través de concursos de méritos. El resto serán de libre nombramiento y remoción.

En esta reorganización se le ha asignado un papel preponderante a la  Contraloría Delegada para el Sector de la Salud, como quiera que se trata de vigilar los $35,2 billones que se giran anualmente para atender este frente, en los últimos años uno de los más afectados por la acción de los corruptos. Se espera que con esta nueva estructura, habrá más especialización de la vigilancia fiscal en los diferentes sectores y se destinarán profesionales competentes y probos para cada de uno de ellos.

También se ha creado la Contraloría Delegada General para Población Focalizada, que tendrá, entre otras, funciones relacionadas con las políticas públicas y el accionar estatal para la protección y garantía de los derechos individuales y colectivos de poblaciones sujetas de enfoque diferencial.

Y en la idea de fortalecer la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se creó también una Dirección de Seguimiento Regional, que se encargará de promover y desarrollar las estrategias de vinculación de la ciudadanía al control fiscal en las regiones del país.

En atención al nuevo modelo de control fiscal que ha impulsado el contralor Carlos Felipe Córdoba y que se abrió pasó con la reforma constitucional aprobada por el Congreso, la CGR formaliza la utilización de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial con la creación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, que estará adscrita a su Despacho.

Los colombianos esperan resultados contundentes con este nuevo aire que toma la Contraloría General. Que no siga siendo un fortín electoral y burocrático como ha ocurrido en el pasado reciente, con funcionarios que dejan sus puestos y terminan en la cárcel o huyendo del país. Que su tarea de vigilancia y cuidado de los recursos públicos sea efectiva.

Según el excontralor José Edgardo Maya Villazón, los corruptos se echan cada año a sus bolsillos 50 billones de pesos. Y de todo lo que le roban al Estado colombiano, apenas un cinco por ciento logran recuperar las autoridades.