Las situaciones que enfrentan los ciudadanos en la calle, que ya ni siquiera con las alarmas de sus carros pueden sentirse tranquilos, es una manifestación real y no de percepción, de que la inseguridad en Cúcuta es un mal en crecimiento.

La última denuncia ciudadana sustentada con videos en las redes sociales muestran el accionar de delincuentes en Los Caobos, La Playa y Barrio Blanco, quienes dotados con un mecanismo a control remoto desactivan los sistemas de alerta de los vehículos, les abren las puertas y hurtan lo que encuentran en el interior.

Como se ve, la situación no ocurre en la periferia sino en sectores del valle de la ciudad donde se desarrollan actividades comerciales, institucionales y educativas, con alto flujo de personas. Eso podría llevar a pensar que por allí debería haber vigilancia permanente de la policía, pero no es así, porque de acuerdo con lo señalado por la Mecuc, allá nadie ha puesto denuncia sobre ese particular.

Aquí alguien podría decir que debería generarse un debate en torno a la responsabilidad tanto de la autoridad como de los ciudadanos, en ese y otros cientos de casos, por razones diversas. Entre los insumos que pudieran alimentar el hipotético cordial análisis se encuentran:

-¿El sistema de cámaras que envía señal a un centro dotado con pantallas para un monitoreo en tiempo real, no sirve, o cubre muy pocos lugares, o los árboles impiden que graben bien?

-¿Cómo funciona la operatividad de los agentes de la Policía asignados a los cuadrantes, porque la gente percibe que en las calles no hay una presencia policial que mejore la percepción de seguridad?

-¿Es que hay una desconexión entre la ciudadanía y la Policía? ¿Se ha revisado en qué se ha fallado en esa fundamental alianza?

-¿Y por qué la gente sigue dejando los carros ‘abandonados’ en las calles y no usa los parqueaderos? Si el municipio emprendiera acciones para corregir esto, podría frenar dos problemas a la vez, la congestión que tiene en el parqueo no permitido un factor de alta incidencia, y contener la ocurrencia de hechos delictivos como el descrito.

Dentro de la discusión debe también tenerse en cuenta el deterioro social que registra la ciudad producto de ‘enfermedades’ propias como el desempleo, los altos índices de pobreza, el flagelo de la drogadicción y el impacto de la migración masiva de venezolanos, algunos de los cuales han llegado a deteriorar aún más la seguridad al cometer delictivos de diversa naturaleza, sin olvidar los ya tradicionales como el contrabando, el narcotráfico y el microtráfico.

Entonces, como se ve, el panorama señala que el combate a la delincuencia no debería ser solamente con más policías u operaciones de rastreo y captura de los antisociales, sino mediante acciones de Gobierno desde los puntos de vista económico y social que permitan conjurar y erradicar buena parte del caldo de cultivo de muchas de las situaciones que alteran la seguridad ciudadana. 

Para el caso de Cúcuta y el área metropolitana todo lo que está pasando es un llamado para que se pongan en marcha, lo más pronto posible, las medidas de choque que ayuden a la recuperación de las condiciones de vida de sus habitantes que ayudará, sin duda, a sacar a muchas personas de la ilegalidad y del mundo delincuencial, así como a rescatar a niños, jóvenes y adultos de la drogadicción.