Esta sí era una deuda social pendiente de empezar ser pagada con los hombres y mujeres del campo que al poner a producir la tierra juegan papel importante para la seguridad alimentaria de quienes residen en las zonas urbanas colombianas.
Pero no olvidemos que son notorios el abandono y la precariedad de las casas en que muchos de ellos residen, mientras que otros ni siquiera tiene un techo seguro donde residir.
Primero hay que recordar que por muchísimo tiempo lo referente a la vivienda campesina o rural, hacía parte de las funciones del Ministerio de Agricultura, y así operó hasta que hubo un vuelco en esa política.
Fue así como el Plan Nacional de Desarrollo decidió que de ahora en adelante la formulación y ejecución de la política de vivienda rural pasara manos del Ministerio de Vivienda.
En ese sentido, el Decreto 1604 del año pasado creó la Dirección de Vivienda Rural para que se encargue de esta misión dirigida a conjurar el déficit habitacional en el campo colombiano, que tantas carencias y problemas carga sobre sus hombros. Según el DANE, ese inconveniente afecta a 2,3 millones de hogares rurales.
El Gobierno Nacional se ha planteado una importante meta con el llamado plan de ‘Vivienda social para el campo’, que espera cambiar el panorama de desesperanza que agobia a los campesinos que de sol a sol labran la tierra.
Ahora, 10.299 hogares, inicialmente, tendrán acceso a igual número de unidades de vivienda nueva en los próximos dos años, hecho que lleva a disminuir los niveles de desigualdad y a acortar la brecha social.
El alentador logro que debe de recibir el respaldo de la comunidad, puesto que le apuesta a reducir los niveles de pobreza ‘marchitan’ el campo, tiene su componente de dinamización en una primera convocatoria, con la cual se beneficiaron 99 municipios, para lo cual el Ministerio de Vivienda le inyecta $270.540 millones a la cofinanciación de proyectos de vivienda rural en 28 departamentos, entre los que se encuentra Norte de Santander.
Un asunto a resaltar es que aquí en la región las áreas seleccionadas se encuentran en el Catatumbo, un territorio martirizado por todas las clases de violencia y estigmatizado hasta donde más.
Por eso hay que aplaudir que el plan de vivienda rural empiece a desarrollarse muy pronto en los municipios de Convención, San Calixto, El Carmen y Teorama, en donde se beneficiarán 200 familias, con la inversión de $12.700 millones, de los cuales la Gobernación aportará $2.500 millones.
Y ¿por qué es destacable?, porque esa es una manera efectiva de hacer sentir el Estado su presencia en regiones tan complicadas en materia de orden público, puesto que reducir las necesidades básicas insatisfechas de la población, es una forma de garantizarle su bienestar y qué mejor que sea brindándoles la opción de una casa digna.
Escuchar a los alcaldes de esas localidades es la prueba de que la inversión social es la forma en que el Estado colombiano puede ganarle espacio a los generadores de violencia y de edificar una duradera paz con justicia social.
Y qué bueno también que el gobernador Silvano Serrano haya enviado el mensaje alentador de emprender el programa de mejoramiento de 2.000 viviendas rurales en los 40 municipios, puesto que no de otra manera las condiciones de vida mejoran si no es con inversiones de esta naturaleza.
De esa semilla germinará la esperanza de que con trabajo, obras y progreso el bienestar y la tranquilidad se afinquen en los campos colombianos, es lo que debemos de esperar con la consolidación de políticas como estas.
