El sistema de regulación y control de las normas de tránsito en las ciudades capitales y municipios del país, a través de los más modernos equipos electrónicos de fotodetección – comúnmente llamado fotomultas – fue concebido como una herramienta para hacer cumplir en forma rigurosa esas normas y reducir al máximo los accidentes y siniestros en nuestras calles y avenidas.
Lamentable que a este sistema – con muchos defectos y pocas virtudes – se haya tenido que acudir, por los inconvenientes y consecuencias que muchos conocemos. Lo ideal hubiera sido una gran campaña educativa desde los hogares, la familia y las escuelas y colegios para crear conciencia en la comunidad – desde la temprana edad – sobre la necesidad y conveniencia del cumplimiento de las normas de tránsito.
A este sistema se le han hecho muchas críticas y cuestionamientos y la percepción general de los ciudadanos es que se trata de un lucrativo negocio del que solo se benefician unos pocos particulares.
A esa mala imagen han contribuido decisiones erráticas y procesos licitatorios de adjudicación poco transparentes como ha ocurrido en años recientes en Villa del Rosario y Los Patios. En el Municipio Histórico fueron reiteradas las denuncias en el sentido de que el contrato de concesión a 20 años, otorgado a un empresario de Cartagena, dispuso entregarle a éste el 80 por ciento de los recaudos e ingresos del municipio, mientras que éste solo recibe el restante 20 por ciento.
En Los Patios, el proceso de concesión de las fotomultas también estuvo viciado y se denunciaron irregularidades como la escasa capacidad técnica y operativa de la firma favorecida, y la utilización del personal, los equipos e instalaciones de la Secretaría Municipal de Tránsito.
Tanto en Villa del Rosario como en Los Patios los abusos y atropellos contra conductores y transportadores fueron el común denominador.
Para no llorar sobre la leche derramada, las fotomultas fueron impuestas a regañadientes en Cúcuta, -aunque estas no son para sancionar velocidad sino otros comportamientos- , como lo fueron antes en Villa del Rosario y Los Patios, y entraron plenamente en funcionamiento, tras cumplirse las fases pedagógicas correspondientes. En las tres ciudades fueron objeto de demandas judiciales y acciones populares.
En las últimas horas, el Juzgado Administrativo Oral de Cúcuta decretó una medida cautelar contra el acuerdo del Concejo Municipal que les dio vía libre en nuestra ciudad.
La medida ordenó la suspensión provisional de los efectos del acuerdo 016 del 10 de julio de 2017. Y ordenó también la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos contenidos en el proceso de selección abreviada que antecedió a la implantación de las fotomultas.
El Ministerio de Transporte había aprobado para Cúcuta 13 puntos de fotodetección, con 18 cámaras, de los cuales ya funcionan siete de manera sancionatoria.
Se supone que este proceso queda ahora en suspenso, mientras se cumplen y agotan las instancias y recursos judiciales pertinentes. Si la administración municipal, los concejales y la firma concesionaria hubieran procedido en la forma y los términos que señalan las normas legales, seguramente la situación en que estamos ahora no se hubiera presentado. Ojalá aprendamos la lección.
